EL SIGLO DE TORREÓN
Gómez Palacio, Dgo.- Familias de la colonia agrícola La Popular, pretenden solicitar la intervención del Gobierno Estatal en su intento por resolver la situación jurídica que enfrentan con la posesión de lotes de terreno en ese sector, al considerar que corren un riesgo permanente de perder sus derechos sobre los predios.
Antonio Frausto Rodríguez, dirigente del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP) dijo que se ha estado solicitando una audiencia con el gobernador, Ismael Hernández Deras pero no se ha tenido respuesta ?y cuando vienen las autoridades estatales de visita a la región pareciera que se esconden de organizaciones como la nuestra, que encabeza diversas demandas de la ciudadanía?.
Refirió que la situación se complicó desde el pasado 21 de octubre de 2005, en que unas 15 personas fueron privadas de su libertad por existir en su contra una denuncia por la presunta invasión de terrenos, después que surgieron los antiguos propietarios de la superficie que dichas personas ocupan en La Popular con sus familias.
Hace más de 20 años, los lotes de terreno de la colonia agrícola La Popular fueron adquiridos por un grupo de personas, a razón de 50 pesos cada lote y pagadero a seis meses; en ese entonces, dijo, también hicieron el compromiso de levantar una construcción en un plazo máximo de un año, al término del cual esta adquisición quedaría cancelada.
La generalidad de quienes compraron dichos terrenos no les dieron uso alguno, sino que por el contrario, únicamente se dedicaron a especular y fue hace alrededor de cuatro años, en que estas 15 personas fueron conminadas por un ex funcionario de la administración estatal para que ocuparan estos mismos, con el argumento de que no tenían un propietario legítimo.
Meses posteriores surgió una demanda penal en su contra por la supuesta ocupación irregular de los bienes inmuebles, a pesar de que, según dijo Antonio Frausto, la Ley del fundo legal establece que a término de un año, este tipo de bienes debe ser reasignados si no se les da el uso para el que fueron adquiridos, en este caso la ocupación como casa habitación por parte de quienes los adquirieron.
Del grupo de afectados, ocho gozan de libertad bajo fianza pero según el dirigente del FOCEP, hay el temor de que se les vuelva a detener, por lo que se busca dar fin al procedimiento legal y que las autoridades lo asuman como un problema de carácter social.
?Ellos no cometieron ningún delito, el único problema fue haber hecho caso de la postura del ex funcionario por la que después se presentó la demanda en su contra?, refirió Antonio Frausto, al señalar que en esta situación se encuentran algunas otras comunidades del municipio, como Pastor Rouaix, donde es común la venta múltiple de terrenos, invasiones y despojos, debido a la apatía de autoridades estatales para atender el problema.
