Andrés Manuel López Obrador responde en automático a cuanta pregunta se le formula en torno a cómo abatir la crisis económica y hacer más competitivo al país, o cómo abatir la delincuencia, con la contestación recurrente a la reducción de los sueldos de los funcionarios del más alto nivel, incluido el salario del presidente de la República.
Independientemente de que cuando él ocupó la jefatura de Gobierno del DF, no hizo lo que tanto predica, siendo que el sueldo que devengó en esa posición, o el de su famoso chofer Nico, sobrepasaban a los que percibe la mayoría de los mandatarios sudamericanos, tampoco es que con ese decremento salarial se puedan resolver los grandes problemas económicos nacionales.
No cabe duda que resulta preferible transparentar el monto exacto del emolumento percibido por los funcionarios, que seguir con esa práctica antigua de otorgar oficialmente bajísimos sueldos que tendrían que complementarse bien con partidas secretas, por supuesto libres de impuestos y que quedaban al arbitrio del mandatario en turno, por ser él quien disponía de dicha partida secreta o bien dejar a la prolífica imaginación del funcionario la manera de complementar su ingreso ya fuese a costa de sangrar clandestinamente el erario público o bien aprovecharse de los ciudadanos a base de corruptelas y ejercicio de facultades discrecionales, necesariamente onerosas contra el ya de por sí sufrido causante de los impuestos.
Por otra parte resulta a todas luces justo remunerar dignamente la carga de responsabilidades que van implícitas al ejercicio de un alto puesto de servidor público para poderle exigir plenamente en base a la alta responsabilidad asumida y al buen sueldo que devenga por llevar a cabo tan importante labor.
Si se le paga como profesional de la función pública que es, debe rendir y debe exigírsele también en esa misma relación profesional. Resulta también importante al transparentar los sueldos de los funcionarios públicos, no en virtud de una curiosidad morbosa, sino precisamente para evitar evasiones fiscales que otrora resultaban fácilmente encubiertas por el velo del sigilo, y también para que tenga realmente efecto ese otro ejercicio del control de la Administración pública que es la declaración patrimonial anual que tienen que presentar todos y cada uno de los que se desempeñan laboralmente en el sector público.
Sin embargo, estos argumentos positivos son opacados por el argumento demagógico fácilmente entendible por cualquier votante independientemente del grado de cultura política que posea, de que el funcionario público gana mucho dinero producto de los impuestos y por tanto hay que bajarle esos altos sueldos.
Con esa reiteración temática en la reducción de sueldos a los altos funcionarios o la erradicación de las pensiones a ex presidentes y ex ministros judiciales, López Obrador evade el tema medular del crecimiento económico que demanda México, basado más que nada en mayor productividad y competitividad de nuestros bienes y servicios producidos tal y como ha sido la apuesta de China, India y otros países emergentes.
