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México, DF.- Una mayor intervención de recursos privados en conjunto con los públicos permitirá aprovechar mejor las experiencias internacionales y romper los círculos viciosos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del país.
El agua o "vital líquido", como se le llama, no sólo es esencial para la supervivencia de las ciudades, sino también para la expansión y el desarrollo económico, de ahí que sea tan codiciada como cualquier energético, aunque su operación requiere de mucha tecnología y dinero.
De acuerdo con analistas, para recuperar y ampliar las redes de distribución y detener las fugas y problemas de cobranza -se calcula que sólo se factura cinco por ciento del servicio efectivamente prestado- se requieren alrededor de 30 mil millones de pesos.
Así, ante los problemas generados por el uso irracional del recurso o la falta de políticas orientadas a su preservación, "el desafío es hablar del agua en términos de pesos y centavos, y medir cómo impacta al negocio industrial y al desarrollo inmobiliario".
El artículo titulado "Aguas con el agua", publicado en la revista Negocios refiere que los discursos sobre el tema "dramatizan" demasiado sobre el agua para beber, bañarse o lavar la ropa, pero no se hace suficiente énfasis en las grandes cantidades que se requieren para el campo, la manufactura y el desarrollo industrial.
Tampoco, apunta, sobre los costos que representa el tratamiento y reuso de aguas industriales, dado que para algunas industrias de procesamiento, la decisión de establecerse en una localidad depende en gran medida de la disponibilidad y costo del líquido.
En este punto, reconoce que hay avances considerables, pero todavía falta mucho, dado que la meta para el final del sexenio es que 30 por ciento del total de aguas residuales sea procesado, lo cual dejará todavía 70 por ciento de dichas aguas sin tratamiento.
Apunta que eficientar el manejo del agua requiere mucho más que buenas intenciones, pues según estimaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en México cada año se pierden cinco millones de metros cúbicos de aguas por derrames, fugas y tomas clandestinas.
Esto, subraya, representa un costo financiero de 20 mil millones de pesos, por lo cual se considera que el sector privado podría apoyar el mejoramiento de la infraestructura, eficientar la recaudación y, desde luego, aumentar la inversión.
Se trata, dice, de una oportunidad más viable que en otras áreas de la infraestructura pública, como la energética, dado que en materia de agua no se afectan instituciones estratégicas como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
