Los senadores electos del Partido Acción Nacional (PAN) suscribieron este lunes el acuerdo democrático por la equidad, la legalidad y la gobernabilidad.
México, D.F.- En conferencia de prensa, los legisladores electos Alejandro Zapata Perogordo y Humberto Aguilar dieron a conocer dicho convenio a nombre de sus colegas de la 60 Legislatura en el Congreso de la Unión.
Humberto Aguilar, quien diera lectura a la primera parte del documento, argumentó la legitimidad del proceso electoral del pasado 2 de julio cuando los ciudadanos tuvieron acceso a distintas ofertas políticas y a diversos medios de comunicación.
Aseguró que las impugnaciones de las fuerzas inconformes deben procesarse en el marco de la ley y por los cauces institucionales.
"El tiempo de la confrontación ha concluido. Los electores ya expresaron sus preferencias. Es tiempo de la ley y de las instituciones".
El panista consideró que el Senado de la República tiene el deber ético de acompañar al Tribunal Electoral en esta etapa, pues la actual composición del máximo órgano electoral del país fue decidida por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.
"Es momento de honrar este consenso. Es tiempo que desde la ley y las instituciones se sofoquen las tentaciones autoritarias", subrayó.
Con base en lo anterior, Zapata Perogordo, en representación de sus compañeros, ratificó la confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el respaldo a las decisiones que adopte.
Indicó que la resolución de las controversias electorales debe realizarse en un marco de autonomía y tranquilidad, por lo que los senadores electos del PAN "rechazamos cualquier estrategia o actos aislados de presión sobre las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral".
Por tanto, externó un "respetuoso, pero enérgico llamado" a todas las fuerzas políticas para construir un ambiente propicio para la reflexión serena y exhaustiva de los distintos expedientes electorales.
Con ello, dijo, estarán atentos a las decisiones de los órganos electorales competentes y desde el Senado promoverán las medidas necesarias para garantizar que prevalezca la voluntad electiva de los ciudadanos.
