Austeridad
Reducir los sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel puede ser una acción adecuada, en particular por su alto impacto político, pero mientras no se reestructure y racionalice todo el gasto público, no habrá verdadera austeridad
En su primer discurso ya como presidente en funciones, Felipe Calderón señaló un conjunto de aspectos fundamentales que guiarán su administración y que constituyen acciones inmediatas a seguir en los próximos meses, para lo cual instruyó a su gabinete a trabajar en esa dirección.
Entre estos puntos destaca el pronunciamiento de que reducirá su salario y de los altos funcionarios, al tiempo que enviará al Congreso una iniciativa de ley que norme y racionalice las remuneraciones de los funcionarios públicos. Con esto, el nuevo gobierno busca iniciar una fase de austeridad y racionalidad en el gasto público. Si bien esta medida es adecuada y responde a un reclamo popular, seguramente no tendrá un impacto significativo en el gasto público, pero sí constituye una acción mediática de alta relevancia, en particular debido a que fue una bandera electoral de AMLO.
En realidad, el asunto de un gasto austero y racional por parte del sector público es un problema mucho más complejo. Pero primero habría que recordar cómo es que los salarios de los altos funcionarios públicos alcanzaron los niveles actuales. Y en este sentido destacan al menos dos argumentos centrales: el primero era un tema de incentivos, ya que se señalaba que en la medida que un funcionario recibiera una remuneración adecuada, se reduciría el incentivo para realizar acciones indebidas como corrupción o enriquecimiento inexplicable. Probablemente en algunos casos funcionó, pero aún existen serios problemas en este sentido, y esto es un asunto que no sólo se resolverá mediante altos salarios. El segundo argumento responde a un aspecto competitivo en el mercado laboral de altos funcionarios entre el sector público y el privado. En este caso hay diversos estudios que muestran cómo en nuestro país existe un segmento de altos ejecutivos del sector privado muy bien pagados, incluso por arriba de lo que se observa en otras naciones, similares o no al nuestro. Es obvio que esta situación ejerce presiones en los sueldos altos del sector público. Esta es probablemente una distorsión más generalizada y que es difícil corregir sólo mediante un decreto. En todo caso este segundo argumento parece más importante. Sin embargo, también es claro que estos altos sueldos resultan desproporcionados si se comparan con la estructura nacional de ingresos, debido a la enorme disparidad y desigualdad en este terreno existente en el país, por lo que una medida que tienda a reajustar las percepciones de funcionarios resulta altamente aceptable para la mayoría de la población.
No obstante, debe quedar claro que en términos de ahorros en los recursos públicos, esta acción es poco relevante. En particular porque la alta burocracia del gobierno central no es tan grande, y en realidad la mayor parte del gasto en sueldos y salarios se destina a los maestros y empleados del sistema nacional de educación pública, y a los médicos, enfermeras y trabajadores del sistema nacional de salud pública. Sabemos que buena parte de estos trabajadores no está bien remunerada, pero también existe una porción no despreciable cuyos sueldos son más que desproporcionados en relación con el resto de sus colegas; pero sobre todo, existe un monto importante de recursos públicos destinados al pago de un segmento importante de estos trabajadores que no ejercen funciones propias al sector, sino que se encuentran ?comisionados? dentro de una enorme estructura sindical.
Si se es congruente con este planteamiento de austeridad, entonces habría que revisar este tema también. Y habría que agregar la revisión de la estructura de beneficios que reciben los trabajadores del sector público, en particular el ampliamente mencionado asunto de las pensiones, pues esto permitiría una mayor racionalización del gasto público.
Desde luego que habría que incluir al Poder Legislativo y Judicial. En este mismo tenor, habría que revisar la estructura de las dependencias públicas, paraestatales, organismos descentralizados y todo tipo de programa público para eliminar duplicidades y dilapidaciones de los recursos públicos que favorecen a unos pocos. ¿Tiene sentido tener tantos programas de financiamiento a la vivienda, o esquemas de salud pública o de pensiones? ¿Es racional que algunos trabajadores cuenten con cobertura médica y otras prestaciones del IMSS y del ISSSTE simultáneamente cuando una enorme mayoría no está protegido? ¿Es racional buscar aumentar la porción de recursos públicos con destino a las entidades federativas, pero no mejorar al mismo tiempo los mecanismos de fiscalización, en particular cuando se refiere a obra pública?
En general, el asunto de la racionalización del gasto público es un tema mucho más complejo que el simple ajuste en las percepciones de los altos funcionarios, lo cual es bienvenido, pero siempre y cuando este objetivo no se quede sólo en ese tema y se dé paso a una discusión más profunda y seria de toda la estructura del gasto público. Tenemos muchas necesidades urgentes como país, y los recursos siempre han sido nuestra restricción, mientras que una verdadera reforma fiscal ha sido nuestra utopía. Es probable que verdaderas acciones de racionalización y austeridad nos den algunos puntos del PIB en recursos públicos no despreciables y altamente útiles para su mejor uso en el combate a la pobreza y en la ampliación de nuestra infraestructura.
alejandro.villagomez@cide.edu
