México, (EFE).- Un grupo de policías mexicanos en Baja California (noroeste) golpeó con un martillo y a puntapiés a un hombre hasta dejarlo inconsciente, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH).
El 21 de noviembre de 2003, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), acompañados por policías locales, propinaron una paliza durante casi media hora a un hombre que habían detenido ilegalmente, indicó el organismo en un comunicado.
La persona torturada es un carpintero identificado sólo por las iniciales JLCH, de quien se dijo entonces que estaba en posesión de drogas "sin que existiera investigación, antecedente, indicio o señalamiento alguno en su contra", señala la nota del CNDH.
La oficina del "ombudsman" mexicano aseguró que al menos cinco agentes de la PFP y "varios" integrantes de la Procuraduría General de Justicia (fiscalía) de Baja California son los responsables de estos actos de tortura.
Según varios testigos, la víctima realizaba con unos amigos trabajos de carpintería frente a su domicilio cuando llegaron doce personas vestidas de civil que, sin identificarse, los esposaron y trasladaron dentro de la residencia.
Luego de preguntar sobre el lugar en donde supuestamente escondía droga, los agentes encañonaron con sus armas a JLCH y lo golpearon con un martillo de metal en el muslo y en otras partes del cuerpo.
Asimismo, le envolvieron la cabeza y el rostro con una toalla y le arrojaron agua al rostro al tiempo que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Muestras de sangre tomadas en el lugar determinaron que el martillo fue el arma usada para agredir al carpintero, quien tuvo que permanecer quince días hospitalizado debido a las lesiones.
La CNDH advirtió también de que los agentes son investigados por abuso de autoridad y lesiones calificadas, pero argumentó que deberían ser procesados también por allanar el domicilio sin existir una investigación y sin contar con autorización legal para ello.
Finalmente, el organismo público autónomo advirtió de que las autoridades municipales se negaron a brindar protección a la víctima y a uno de los testigos, argumentando exceso de trabajo.
La CNDH recomendó al gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, y al secretario de Seguridad Pública de México, Eduardo Medina Mora, "resolver un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos de la PFP" e indemnizar al afectado.
