Corrupto no es sólo aquel que abre la caja fuerte del Gobierno y extrae unos cuantos fajos de billetes. Hay muchas formas para merecer tal apelativo. Es tan corrupto el que aprovecha su cargo para apropiarse de los bienes del pueblo, como el que beneficia a terceros al permitirles ganar una licitación de manera tramposa. Es tan corrupto el que acepta una mordida, como el que enfoca el desarrollo de una ciudad al punto exacto en donde están algunas de sus propiedades. Es tan corrupto el que incurre en acciones deshonestas, como el que lo encubre.
Tomando en cuenta lo anterior, en la Administración de Enrique Martínez abundó la corrupción y, para nuestra desgracia, el Gobierno de Humberto Moreira parece llevar el mismo camino establecido por su antecesor.
Aunque es muy pronto para calificar como corrupta a la actual Administración Estatal, llama la atención que la Secretaría de Finanzas de Jorge Torres López haya calificado como información reservada los cheques entregados a la constructora Begasa durante la Administración de Enrique Martínez.
¿Por qué ocultar una información a los ciudadanos si es nuestro derecho conocerla? Al incurrir en tal cerrazón, la Secretaría de Finanzas echó mano del Artículo 60 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en el cual se establece que la información puede negarse cuando se trate de documentos que pongan en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones oficiales. Ignoro si realmente exista alguno de estos motivos, pero a simple vista me parece que existe una razón primordial: al otorgar los documentos requeridos se otorgarían también las pruebas del proceder deshonesto de la Administración de Enrique Martínez.
Durante el sexenio anterior se hicieron muchas obras viales, pero la mayoría de ellas de pésima calidad. El Distribuidor Vial en Torreón es un ejemplo claro. A pesar de la millonada que supuestamente se invirtió, los defectos saltan a la vista, a tal grado que muchos temen circular por este paso a desnivel. Lo mismo ha ocurrido con las obras construidas en Saltillo por Begasa. El puente “Otilio González”, por ejemplo, costó a los coahuilenses más de 25 millones de pesos y a los pocos días de haber sido inaugurado, fue necesario hacer algunos trabajos de reparación los cuales se prolongaron durante más de un año.
Por increíble que parezca, Begasa fue premiada por hacer obras de mala calidad al obtener numerosos contratos estatales. En los últimos cuatro años de la anterior Administración, los dueños de dicha constructora ganaron 22 proyectos de obra pública por un monto de 141 millones de pesos.
Si Enrique Martínez hubiera contratado a Begasa para construir una barda en su casa, y ésta se hubiera caído a los pocos días, estoy seguro que además de haber exigido la reparación inmediata de la barda sin costo extra para él, no volvería a requerir los servicios de la constructora. ¿Por qué no hizo lo mismo como responsable del manejo de nuestros recursos?
Así como Begasa, existen otras constructoras que en Coahuila se beneficiaron cobrando sus trabajos defectuosos como si fueran de primera calidad.
La Administración de Moreira ha cometido un error grave al negar la información referente al caso Begasa. Esta actitud de reservarse la relación de cheques extendidos a nombre de la empresa constructora, lo convierte en cómplice de la corrupción.
Aunque presuma de ello, Moreira no se caracteriza precisamente por permitir la existencia de una verdadera transparencia. Como alcalde de Saltillo, jamás se supo cuánto dinero gastó en publicidad para promocionar su imagen. Si ahora se oculta la información referente al caso Begasa, es porque seguramente alguna implicación habrá que pudiera afectarle.
Pero los coahuilenses contamos con un Instituto de Acceso a la Información. Buena oportunidad es ésta para que los miembros del ICAI demuestren su compromiso con la comunidad, y se sacudan así la fama de ser unos empleados más de la Administración Estatal.
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