Por distintas razones, tres mujeres están en camino de cambiar la manera de impartir justicia en nuestro país. Las tres decidieron que el Estado de Derecho no es una graciosa concesión de las autoridades, o una meta a alcanzar cuando logremos un buen presidente.
Poniendo en riesgo su vida y con la disposición absoluta de sacrificar todo en su empeño, han emprendido una cruzada para exigir justicia aquí y ahora, cueste lo que cueste. Veamos.
1.- Isabel Miranda Wallace ha hecho lo que nadie se había atrevido antes: convertirse en detective, ministerio público y organismo de difusión para aprehender a los responsables del secuestro y asesinato de su hijo, el empresario Hugo Wallace. Doña Isabel no sólo investigó por su cuenta hasta dar con el nombre de los secuestradores, sino también contrató tres espectaculares con las fotos de los responsables y con el aviso de una recompensa de 250 mil pesos. Una vez que supo dónde localizar al jefe de la banda, el ex judicial César Freyre Morales y antes de entregarlo a la Policía, documentó entradas y salidas, contactos y actividades de este personaje, hasta averiguar su red de cómplices. Sólo entonces ofreció la información a la Policía, y grabó el momento de la detención para evitar un intento de cohecho que lo dejara en libertad.
A partir de la detención de Freyre Morales el 26 de enero, Isabel Miranda siguió utilizando espectaculares, anuncios y volantes para ofrecer recompensas para la captura del resto de sus cómplices. El resultado ha sido impresionante: en este momento hay cinco personas arraigadas, sujetas a un proceso de investigación. Ahora la señora Miranda continúa su campaña para detener más cómplices y documentar otros delitos cometidos por esta banda e impedir que un juez los deje en libertad “por falta de elementos”.
Isabel Miranda no es la primera persona que se involucra en la investigación de un caso de asesinato de un familiar cercano. No es raro que los padres de una víctima contraten judiciales para montar una investigación en paralelo (en ocasiones incluyendo “la ejecución” de los responsables). Lo singular del caso es que la señora Miranda ha optado por un camino absolutamente transparente. No ha intentado comprar policías o agentes del ministerio y ha recurrido a la opinión pública para obligar a las autoridades a hacer su trabajo. Pese a la desconfianza que le inspira la justicia mexicana, ha hecho todo lo necesario para que sea ésta quien castigue a los responsables.
2.- Es una actitud muy similar a la de Lydia Cacho en contra de las autoridades responsables de su detención irregular, de la violación de sus derechos y de la venta de la justicia a favor de un particular (Kamel Nacif). Ella ha interpuesto demandas en contra del gobernador poblano, Mario Marín, la procuradora del estado, el jefe de la Policía Judicial y otros funcionarios. Su caso se ventila en la PGR, en el Congreso y en la Suprema Corte. Pese a los intentos del Gobierno poblano de “pactar” algún tipo de arreglo, Lydia Cacho ha mantenido su decisión de llegar al final. No es una tarea sencilla. En el esfuerzo de recabar pruebas, peritajes, testigos y testimonios, compite sola en contra de la maquinaria oficial. A pesar del indudable apoyo de los medios de comunicación, al final se trata de una batalla muy desigual entre un individuo y el aparato de Estado. La diferencia de recursos legales y económicos para litigar este largo proceso es apabullante en contra de la periodista. Y sin embargo, Cacho sabe que está sentando un precedente que podría atenuar en el futuro la enorme impunidad de la que gozan los gobernadores en contra de un ciudadano aislado.
3.- Hace unos días al coincidir en un evento, Vicente Fox intentó besar a Rosario Ibarra de Piedra. Ella no lo permitió. Ante la reiteración presidencial, Doña Rosario le espetó, “dígame dónde está mi hijo y le recibiré el beso”. Hace 32 años que desapareció Jesús Ibarra de Piedra, durante la guerra sucia de la década de los setenta. Desde entonces Rosario no ha parado. Ella ha sido pieza fundamental para que los agravios no hayan caído en el olvido. Las comisiones para investigar los delitos del 68 y de la guerra sucia, y las detenciones obtenidas deben mucho al esfuerzo incansable de esta luchadora social.
Los empeños de estas tres mujeres podrían estar cambiando paradigmas. Rosario Ibarra ha mandado el mensaje a los poderosos de que sus infamias tarde o temprano habrán de alcanzarlos, siempre y cuando alguien conserve la memoria de sus delitos. Lydia Cacho está demostrando que la impunidad absoluta de la que gozaban los gobernadores puede esfumarse ante la voluntad de una ciudadana valiente y decidida. Por lo demás, el escándalo de las grabaciones ha cambiado la manera en que los poderosos hablan entre sí, sobre todo en el teléfono. Isabel Miranda ha inaugurado nuevas formas de procurar justicia, poniendo en evidencia a los aparatos oficiales pero, al mismo tiempo, colaborando con ellos.
En México sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos, pero sólo se investiga uno de cada 22 y se logra una aprehensión en uno de cada 128. Es decir, 98.8 por ciento de los delitos es castigado (cifras de 2004, de un total de 12 millones de delitos). Es una cifra brutal que no sólo refleja la ineficiencia del Poder Judicial, sino también el conformismo e impotencia de millones de víctimas y sus familiares.
Estas tres mujeres decidieron que los crímenes que padecieron no quedarían impunes. Pero al buscarlo podrían conseguir mucho más que eso: basta que una porción de mexicanos siga su ejemplo para provocar una nueva relación entre la sociedad y la justicia. Una revolución en contra de la impunidad.
(jzepeda@aol.com)
