El título de esta columna podría ser aplicado a amplios espacios de la convivencia social. Pero me refiero al que se genera en torno del consumo de gasolina y diesel y su tratamiento fiscal. La normalidad consistiría en que los consumidores recibieran el volumen de combustible por el que pagan y que los contribuyentes que estén en ese caso dedujeran ese importe en su declaración fiscal. Mas ocurre que esa normalidad es ilusoria, pues en la vida real es frecuente recibir litros de novecientos mililitros (con lo que los franquiciatarios de Pemex obtienen una doble ganancia, esquilmada a la clientela y al erario) y menudean las deducciones ficticias mediante comprobantes falsos de consumo de gasolina.
Para contener esos abusos (y de paso dar un nuevo negocio a los insaciables bancos), en diciembre de 2004 se aprobaron nuevas disposiciones fiscales que entraron en vigor un año después, el primero de diciembre pasado.
Se estableció como requisito para la deducción fiscal del gasto en combustibles que el pago se hiciera mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o a través de monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La medida generó daños y molestias a los consumidores-contribuyentes. Les resulta difícil obtener el comprobante de su compra de gasolina, aceptable por el fisco, porque pocas estaciones de servicio cuentan con terminales-punto de venta para recibir pagos por medios electrónicos. Y cuando se paga con tarjeta, de débito o de crédito, los franquiciatarios cobran una comisión, amén de que el trámite es engorroso y lento, pues los empleados tienen que caminar de la bomba de suministro al expedidor del comprobante y de regreso y en esos ires y venires se consumen minutos valiosos para el usuario. O sea que en diciembre y enero cargar gasolina se ha vuelto más caro y más lento. Para enfrentar ese problema, el Gobierno Federal adoptó soluciones que no lo son. Por un lado, para que quien pague con tarjeta no reclame factura, y no tenga que cubrir la comisión que se le carga por obtener ese documento, el fisco aceptará como comprobante el estado de cuenta bancario.
De ese modo tendrá acceso, no por requerimiento sino por voluntad del contribuyente, a sus consumos y gastos. Pero también se ha dado marcha atrás y se permite pagar en efectivo. Para aceptar las deducciones correspondientes, sin embargo, el fisco imaginó una solución típicamente burocrática, que aumenta el papeleo y magnifica la pérdida de tiempo: cada mes, el contribuyente que quiera deducir su gasto en combustible pagado en efectivo deberá presentar un informe al SAT, donde se enliste el número de la estación donde se adquirió el producto y su importe, y el monto total de la compra por cada gasolinera.
También debe explicarse en cada caso por qué se pagó en efectivo y no a través de los mecanismos diseñados en 2004. Para que se vea que no todo es dificultoso, el SAT informa que los informes mensuales pueden ser enviados a través de Internet o en las oficinas de atención al contribuyente. El fisco no calcula el número de horas requerido para cumplir ese requisito. Ni le importa. Por otro lado, el lunes pasado se integró un grupo de trabajo compuesto por representantes del fisco (es decir, del SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor y Pemex, que se propone “facilitar y vigilar el cumplimiento por parte de las gasolinerías (sic, por gasolineras) de sus obligaciones fiscales, de franquiciatarias de Pemex y en materia de protección al consumidor”. Este grupo de trabajo deberá corregir las deficiencias que han hecho difícil y aun imposible la aplicación del nuevo mecanismo.
Buscará, por lo tanto, que “a la brevedad posible todas las estaciones de servicio cuenten con terminales punto de venta para aceptar el pago por medios electrónicos”, que no se cobren comisiones y que el pago sea expedito.
En realidad, sólo Pemex, el franquiciante puede impedir los desarreglos causados por esta modalidad fiscal, porque está en situación de condicionar el suministro de combustibles al cumplimiento de requisitos. Por eso hay que poner atención a lo que se le pide a Pemex hacer a este respecto: “establecerá las medidas necesarias para llevar a cabo de manera ágil y eficiente la firma con los expendedores de combustible del nuevo contrato de franquicia ya anunciado, entre otras cosas garantizando la cantidad y la calidad de los combustibles que adquiere el público consumidor”.
Dicho contrato contempla un incremento en el margen comercial de los expendedores para quedar en un límite de seis por ciento, con la posibilidad de crecer hasta un 0.5 por ciento adicional si se observan determinados requisitos de calidad vinculados a la instalación de controles volumétricos, aceptación de pagos en medios electrónicos y estándares de calidad de servicio a sus clientes. “Si bien se anuncia que Pemex suspenderá la entrega de combustible a quien no cumpla lo ya pactado, la cuestión se ha reducido a un incremento en la comisión basada en que los expendedores cumplan... las obligaciones convenidas”.
Se consagra así el triunfo del abuso. El ingreso al comercio de combustibles es enteramente voluntario. Participa en el mercado quien lo decide, tras el cálculo entre la inversión y las posibilidades de ingreso y ganancia. No es lícito presionar mediante la comisión de actos indebidos, como lo han hecho los franquicitarios de Pemex, para que se incremente el margen de ganancia.
