Hoy entra en vigor la reforma a las Leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión conocida sintéticamente como “Ley Televisa”. Ayer fue publicada en el Diario Oficial pues a pesar insistentes demandas y peticiones en contra y conforme a sus intereses actuales y futuros y el de los magnates de la radiodifusión, el presidente Fox no demoró en darle vigencia.
Pero lo ha hecho de tal modo que aun es necesaria la intervención del Poder Legislativo. Y allí se abre una oportunidad nueva para los diputados que sin discusión la aprobaron el primero de diciembre pasado.
Tal como se publicó, la Ley es inoperante en uno de sus apartados medulares, pues resulta imposible designar al presidente de la Comisión federal de telecomunicaciones, la nueva autoridad en las materias de la reforma. Para aplicarla plenamente es preciso enmendar el Artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley de telecomunicaciones, afectado por un error en apariencia minúsculo pero que en sus términos actuales ordena una tontería.
Como lo recordamos apenas anteayer -cuando previmos lo obvio, la inmediata publicación de la reforma- poner una E donde debía decir C generó un embrollo que impide configurar la Cofetel. Dice ese transitorio que “la primera designación del presidente de la Comisión... la hará por única vez el titular del poder Ejecutivo federal siguiendo el procedimiento a que se refiere el último párrafo del Artículo 9-E de esta Ley”.
Pero ese párrafo contiene la sexta y última facultad del presidente de la Cofetel, y no el procedimiento para designarlo. Sería aplicable el último párrafo del artículo 9-C, aunque tampoco ese párrafo se refiere a la designación que haga el presidente de la República sino al papel que corresponde en ese trámite al Senado. En lo inmediato y en lo permanente, digámoslo de paso, ese procedimiento generará dificultades, pues nada se dice de qué hará el Ejecutivo si los senadores objetan sus nombramientos. Puede, por lo tanto, pasar por alto lo dicho en el Senado y empeñarse en las designaciones objetadas.
Aun antes de que se publicara la Ley, ya se presentó una iniciativa para reformarla -por eso la urgencia de que apareciera cuanto antes en el Diario Oficial, pues de no procederse con premura se incurriría en el nuevo despropósito de enmendar una Ley que no está en vigor- y se aprovechó el viaje para trocar las letras de los artículos involucrados. Pero el trámite, que en el Senado puede ser simple, podría no serlo en San Lázaro, ya que los diputados se hallarán con que votaron un texto que no corresponde al que ahora se les devuelve para su corrección.
Y al menos los 110 que pidieron al Senado revisar la Ley que el pleno de los diputados aprobó sin debate (y sin reflexión) podrían objetar la manipulación de que fue objeto la minuta que resultó del voto unánime de los presentes el primero de diciembre. Y lo mismo podrían hacer los 172 diputados ausentes en esa fecha.
Porque los 327 diputados que, la mayor parte sin enterarse de lo que hacían, aprobaron la reforma, dieron su visto bueno a un texto distinto del que hicieron suyo los senadores y ahora se busca modificar.
Descubrió la diferencia el senador panista Felipe de Jesús Vicencio, que utilizó ese argumento entre los varios con que buscó el 29 de marzo suspender la discusión de la reforma. La mesa directiva senatorial no quiso entrar a saber si había esa diferencia entre lo aprobado por los diputados y lo recibido en el Senado, pero ahora que tendrán de nuevo en sus manos la polémica reforma los legisladores de San Lázaro quizá se interesen por precisar qué hizo el diputado Javier Orozco en su visita a Xicoténcatl, a comienzos de diciembre, para oficiosamente enmendar lo remitido por sus compañeros.
Mientras tanto, y ocurra lo que ocurra en ese terreno, hoy comienza a correr el plazo de treinta días dentro del que el presidente ha de nombrar a los cinco comisionados del órgano de gobierno de la Cofetel. Quizá tenga la prudencia de esperar a que se deshaga el embrollo que en este momento le impediría nombrar a quien encabece el órgano. Y puesto que de prudencia se trata, acaso no tengamos derecho a esperar que se la practique en la casa presidencial. Por lo tanto, estemos listos a conocer muy pronto las designaciones presidenciales, que seguramente complementarán el designio a que obedece entera la nueva legislación.
Por su parte, los obsequiosos senadores que aprobaron la minuta de San Lázaro sin tocarle una coma, y ahora se disponen a reformar la reforma (incluido el misterioso caso del tercero transitorio) no esperarán tampoco a que se agote el término en que pueden formular objeciones, pues dentro de dos semanas y media concluye el periodo ordinario de sesiones (y con él el segundo trienio legislativo para el que fueron elegidos).
En el receso correspondería a la Comisión Permanente del Congreso de la unión conocer los nombramientos de comisionados de la Cofetel y objetarlos en su caso. Es seguro que en Los Pinos no quiera correrse el riesgo de confeccionar una Permanente a modo siendo que ya se cuenta con un Senado confiable sin lugar a dudas. Por eso no se dejarán transcurrir los dos plazos de treinta días cada uno dentro de los cuales debe concluirse el procedimiento de integración de la Cofetel. Estará lista para ejercer las menguadas funciones que le dejó el Congreso en su materia histórica antes que concluya este mes, salvo que los diputados despierten y actúen en consecuencia.
