La circunstancia nacional presente nos reclama tener una actitud de alerta reflexiva, crítica y tolerante, esperando que el TEPJF aporte los elementos jurídicos para transitar hacia la legitimidad de esta elección. Al mismo tiempo, conviene tener presente que esta disputa no se generó en las últimas semanas y que su horizonte no llega hasta el veredicto del tribunal. Al contrario, a su desenlace posterior depende el futuro del país. La política, la economía y la cultura, no son esferas aisladas de la sociedad, en donde no hay interacciones entre ellas y cuyos contactos se ven como circunstanciales; por más que los partidarios de los ?blindajes? traten de presentarlo así.
La disputa actual, lo hemos reiterado, no está animada esencialmente por la rijosidad de los partidos políticos, o por líderes ?paranoicos?, si bien en ocasiones y coyunturas éstos enarbolan causas que están genuinamente soportadas en condiciones objetivas y estructurales de la sociedad y de la economía. Por eso el debate poselectoral importa, y por eso es también es necesario tratar de ver hacia el futuro inmediato. Con este propósito, no sobra reiterar la sostenida necesidad de adecuar las instituciones políticas y económicas a esta nueva realidad que vive el país.
En este sentido es impostergable entrar de manera decidida a la tan llevada y traída reforma del Estado, en donde se debe contemplar la idoneidad del sistema de gobierno; del sistema electoral que, entre otras cosas, debe llevar a una profundización de su carácter ciudadano que lo preserve de la rebatinga entre los partidos; del propio sistema de partidos para hacerlo más sólido y competitivo; la participación ciudadana para darle más atribuciones decisorias en los asuntos públicos.
La reforma de fondo de, permítaseme llamarle así, la estructura de comunicación social del país es un asunto de la primera importancia para consolidar la idea y la práctica de la ciudadanía y, por lo tanto, de la democracia. Los medios tienen que contribuir a formar ciudadanos más que consumidores consumistas. Es un contrasentido que siendo los medios de comunicación sociales en su naturaleza, se dejen al arbitrio de los agentes privados movidos por el interés de la ganancia, con todas las implicaciones ampliamente conocidas, por ejemplo, las nefastas campañas políticas que acabamos de padecer.
La disputa poselectoral tiene que ver con las reformas que requiere la estructura económica del país y que no están a discusión. Lo que si lo está es la naturaleza, los objetivos y el sentido que debe dárseles a éstas, siempre anteponiendo el interés del país, no de un grupo económico o social (camuflándolo con el interés nacional); evaluando sus costos y sus beneficios de manera objetiva (sin ?sobrevender? las bondades por interés propio o de grupo), de manera generosa y tolerante.
Así pues, si se hace transitar a la reforma fiscal de manera exclusiva y limitada por la ampliamente conocida vía del IVA, en vez de buscar abrirle brecha también por los caminos de la equidad y la progresividad, va a ser un poco complicado su avance.
Nadie duda que la reforma energética sea muy necesaria, ya que es un área clave de la infraestructura económica. Ello pasa por la reestructuración de Pemex y el desmantelamiento de las condiciones que propician el comportamiento faccioso de los líderes sindicales. Este es un asunto en donde al asunto de la privatización no debe entrarse con prejuicios, ni banderas ideológicas. Por el carácter estratégico de este sector la rectoría del Estado es una cuestión que debe estar sobre la mesa.
La reforma laboral. Si ésta se lee en una forma muy particular de flexibilidad, que es solamente en el de ahondar la precariedad de las condiciones de vida, de seguridad social y de bienestar para el trabajador, entonces va a ser muy complicado. La plena democratización sindical es un paso necesario para avanzar en este ámbito.
Insistimos, el carácter de estas reformas, sus contenido, sus objetivos y sus formas de implementación deben configurarse teniendo presentes el interés del nacional, que no atiendan, como ha sido hasta ahora, a un criterio estrecho de democracia (que se asemeja a uno de oligarquía económica) y si al más amplio de inclusión, en donde todos los ámbitos de la sociedad estén ante la posibilidad real, no formal, de democratización para ejercer autónomamente sus opciones de vida elegida.
Desde luego, no debe escaparse que en todo proceso de reforma para mejorar la gobernabilidad está presente la dimensión técnica a la que hay que prestar atención para que la democracia sea eficiente. Sin embargo este aspecto no debe de servir de pretexto tecnocrático, el mejoramiento de los medios técnicos para el buen el funcionamiento de los procedimientos democráticos tiene que avenirse con la legitimidad, que necesariamente debe de estar contemplada en el pacto social, que es la base de la estabilidad las democracias. El reto no es menor. Hay tareas.
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