“Cuando los príncipes han pensado más
en su tranquilidad que en las armas han perdido sus estados”.
Maquiavelo
No hace mucho tiempo el Estado mexicano podía calificarse de autoritario. No sólo no había democracia sino que la clase gobernante consideraba muy importante que el Gobierno sofocara con la fuerza pública cualquier tipo de disidencia o protesta. Recordemos simplemente que el 20 de noviembre de 1969 Porfirio Muñoz Ledo defendió la matanza de Tlatelolco ocurrida el dos de octubre de 1968. Para quedar bien con el todavía presidente Gustavo Díaz Ordaz, Muñoz Ledo señaló: “El régimen político [...] ha conservado intacta la autoridad del Estado y ha defendido, con el derecho, la soberanía de la nación”.
De ese extremo para mantener “intacta la autoridad del Estado”, paradójicamente, hemos pasado en estos tiempos democráticos al otro: al de un Estado que no se atreve a usar la fuerza pública ni siquiera para aplicar la ley.
Ahí están los ejemplos. La ciudad de Oaxaca se encuentra paralizada desde hace más de tres meses sin que las autoridades estatales o federales se atrevan a hacer nada. Ahora, desde hace un mes, un grupo político ha tomado el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y mientras el Gobierno Federal no se atreve a intervenir, el Gobierno local abiertamente respalda el bloqueo.
Sin duda hay algo de positivo en el hecho de que el Estado mexicano no intervenga ya con la fuerza pública de la manera indiscriminada en que lo hacía antes. Son innumerables los abusos que se cometieron en los tiempos del autoritarismo. El movimiento estudiantil del 68 se debió más a un uso excesivo de la fuerza pública que al complot que Díaz Ordaz, como hoy Andrés Manuel, veía por doquier. Pero de eso a tener un Estado que no se atreve a usar la fuerza pública, incluso en los casos en que abiertamente se violan los derechos de terceros, hay un trecho muy grande.
Durante mucho tiempo México tuvo un Estado débil. En el siglo XIX cada caudillo militar o político tenía su propia fuerza militar. El Gobierno central debía enfrentar constantes insurrecciones. Era común que los candidatos perdedores a la Presidencia de la República o los caciques locales cuestionaran la legitimidad de las instituciones y buscaran crear las propias.
No tener instituciones sólidas, sin embargo, tiene un costo muy importante para un país. Y los mexicanos pagamos cara esa situación, con falta de desarrollo económico e incluso con la pérdida de la mitad de nuestro territorio nacional, que fue conquistado por Estados Unidos.
Porfirio Díaz puso fin a esa situación durante tres décadas, pero después volvimos a tener una situación de gran inestabilidad. Francisco I. Madero se levantó en armas contra el dictador, pero una vez que logró deponerlo tuvo la inteligencia de mantener las instituciones. Desafortunadamente, empezaron entonces una vez más las rebeliones.
Hoy Andrés Manuel López Obrador recuerda con ánimo romántico el Plan de Ayala con el que Emiliano Zapata se rebeló contra Madero. Esta rebelión y el repudio de la clase intelectual, facilitaron poco después el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra el presidente. Y empezó nuevamente el carrusel de levantamientos ante un Estado débil.
Hubo que esperar a que Plutarco Elías Calles controlara a los caciques, a través de la creación de un partido hegemónico, para que se lograra crear nuevamente un país de instituciones. Y sólo entonces tuvimos nuevamente un momento de tranquilidad y desarrollo en México.
Los mexicanos no debemos regresar, por supuesto, a los tiempos del autoritarismo de Díaz Ordaz. Qué bueno que políticos como Porfirio Muñoz Ledo ya no defiendan esa “autoridad del Estado”. Pero tampoco podemos darnos el lujo de regresar al caos del Estado débil del siglo XIX o el que vivimos de 1911 a 1929.
Es obligación del Estado utilizar la fuerza pública cuando se violan los derechos de terceros o cuando las instituciones se ven amenazadas. No es ni democrático ni equitativo permitir que unos cuantos grupos de poder impongan su ley sobre toda la comunidad.
Un Estado moderno no puede permitir el bloqueo de toda una ciudad, como está ocurriendo actualmente en Oaxaca, ni siquiera la toma de una avenida importante como el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Los principales afectados por estas acciones son, después de todo, los que menos tienen: los que necesitan que el Estado defienda sus derechos porque ellos no tienen la fuerza de hacerlo por sí mismos.
Desafortunadamente para los más pobres de nuestro país, hoy los políticos prefieren tener un Estado débil antes que arriesgarse a promover el imperio de la ley. Y en esta actitud, a pesar de las diferencias que supuestamente tienen entre sí, se parecen enormemente el presidente panista Vicente Fox, el perredista jefe de Gobierno del Distrito Federal Alejandro Encinas y el priista gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz.
CONVERGENCIA
Al parecer Convergencia ha tomado ya la distancia que tarde o temprano tendrán que tomar el ala democrática del PRD y los demás partidos de la coalición Por el Bien de Todos. Lejos de rechazar las instituciones del país, como Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los diputados de Convergencia, Alejandro Chanona, afirmó ayer: “Somos un poder de la unión y nos debemos a los principios y preceptos del país”. Para Chanona, los diputados de Convergencia “debemos ser muy congruentes con las obligaciones que tenemos como legisladores”.
