INCERTIDUMBRE | PROPICIA REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CLIMA DE INSEGURIDAD JURÍDICA
EL SIGLO DE TORREÓN
La auditoría solicitada por el Colegio de Notarios Públicos de La Laguna todavía no ha iniciado.
TORREÓN, COAH.- Arnulfo García Cuéllar quiere vender una manzana de terreno que tiene en la ex Hacienda La Merced. Tiene la escritura y los documentos que necesita. Ya tiene comprador, una empresa constructora que desarrollará un complejo habitacional.
Pero la operación no se puede concretar porque según el Registro Público de la Propiedad (RPP), es posible que García Cuéllar no sea el verdadero dueño.
Así, García Cuéllar podría quedarse sin el terreno, que vale unos cinco millones de pesos. Aunque cuenta con la documentación que requiere la empresa que le compraría el predio, en el libro de asentamientos de compra-venta del RPP aparece inválida una inscripción de colindancias hecha al margen, lo que pone en duda que sea el dueño del predio.
No es un caso único. Bertha Martínez Amador también sabe lo que es la incertidumbre. Ella tiene 60 años y vive en la calle Quetzalcóatl, número 128 de la colonia Francisco Villa. Una mala situación económica y la enfermedad de su esposo, que está desempleado, la obligó a vender su casa. Un matrimonio vecino se la compró.
La señora Martínez entregó la escritura pero está en riesgo de ir a la cárcel por fraude, ya que los nuevos propietarios aseguran que los documentos son falsos, porque la vivienda aparece en el Registro Público como vendida a nombre de otra persona.
Hay más casos, desde incertidumbre en los documentos de dueños de predios, por falsificaciones o alteraciones, hasta quejas de personas que van a hacer un trámite por el que empleados del RPP piden dinero para agilizarlo.
La situación es tal que el Colegio de Notarios Públicos de La Laguna solicitó al Gobierno del Estado una auditoría a la oficina del Registro en Torreón ante crecientes sospechas de corrupción.
La solicitud fue hace un mes, pero la revisión aún no comienza, ni se ha informado sobre los procedimientos a seguir por parte de la Secretaría de la Función Pública, que será la encargada de restablecer la credibilidad que, dicen los notarios, se perdió a raíz de las irregularidades.
Las quejas han sido informales, porque muchas personas podrían perder documentos si se prueba que fueron expedidos ilegalmente, como avalúos o certificados de libertad de gravamen, de modo que no ha sido posible una fiscalización formal de la dependencia.
INSEGURIDAD
Los problemas en el Registro Público alimentan una percepción de inseguridad jurídica.
Arnulfo García Cuéllar dice que es el único y legítimo dueño de su propiedad, pues compró el terreno que ahora quiere vender, en el oriente de la ciudad, el diez de abril de 1978 y lo escrituró ante el notario público Número 9, Gustavo Muñoz Domínguez. Hizo el contrato de compra-venta con los propietarios y la escritura elaborada aparece con el número 54, en el volumen Sexto del libro de asentamientos del RPP.
En la escritura no se precisaron las colindancias del predio y para remediar la omisión, se hizo una anotación en el margen derecho del libro, a los pocos días de registrar la escritura. La anotación fue firmada en ese entonces por el secretario de la dependencia, Antonio Calvillo Pérez, quien hasta la fecha ocupa ese cargo.
Después de 21 años, el cinco de abril de 1999, García Cuéllar solicitó y pagó un certificado de libertad de gravamen, para comprobar que no tenía adeudos sobre el predio. Luego, para efectos de un trámite de donación de terreno a una de sus hijas, el 28 del mismo mes, hizo una solicitud de avalúo catastral con el folio 39792, cuyo pago comprueba con un documento con folio B-8924 de la Dirección de Catastro Municipal.
La sorpresa fue que, al preparar la venta del predio, y revisando los libros en el Registro Público, se dio cuenta que la anotación hecha al margen tenía dos palabras, ?No Vale?. No sabe cuándo se hizo la anotación, ni quién la hizo o la autorizó. La misma anotación encontró en los libros de registro en el Catastro Municipal.
Fue cuando se dio cuenta que su propiedad corre peligro. Desde entonces emprendió, sin lograrlo, el camino para que se haga la corrección en el libro de asentamientos, porque sólo de esa forma tendrá certeza jurídica sobre su terreno. Mientras no se determine de dónde salió ese ?No Vale?, el RPP no podrá avalar el cambio de propietario.
DENUNCIAS
Los notarios públicos de Torreón consideran que no hay certeza de los documentos que se manejan actualmente dentro del mercado inmobiliario.
Según Fernando Cárdenas González, presidente del Colegio de Notarios, el Registro enfrenta una situación grave por el tráfico de influencias, falsificación de documentos y casos de corrupción.
El Colegio ha denunciado que durante la pasada Administración estatal, el Registro, que depende de la Secretaría de Gobierno, se convirtió en espacio para colocar a aliados del ex titular Raúl Sifuentes.
Ya se han realizado cambios. En lo que va del año, 20 empleados fueron dados de baja. José María Iduñate Guzmán, quien dirigía el RPP en Torreón desde diciembre, renunció por motivos personales y hace tres semanas su lugar fue ocupado por Armando Hoyos Reyes, quien tenía 25 años de experiencia en el sector bancario.
Entre la lista de peticiones de los notarios se encuentra una modificación radical del perfil de los empleados que laboran en el Registro Público y establecer requisitos de calidad y eficiencia en los trámites.
La apuesta, según Cárdenas, es trabajar en forma coordinada con esta dependencia, para lograr que salgan a la luz casos de ciudadanos que no tienen seguridad sobre su patrimonio.
Armando Hoyos admitió que no ha iniciado la auditoría pero afirmó que él es ?el más interesado en que se haga? porque las denuncias ya han dañado la imagen de la dependencia.
Mientras comienza la auditoría, informó Hoyos, el tiempo que tarda cada trámite comenzó a ser medido para evitar que empleados sobornen a ciudadanos para agilizarles trámites
Hoyos reconoció que en tres meses ya detectó un par de documentos falsificados que trataron de ingresar al Registro pero que fueron detenidos.
LARGA CADENA
La manipulación de documentos no es la única irregularidad denunciada en el Registro Público de la Propiedad. La dependencia también ha sido objeto de denuncias por falsificación de documentos que datan al menos de cuatro años atrás.
El 12 de julio de 2002, el entonces titular del Registro en Torreón, Bernardo Gurza Islas, aseguró que había al menos cinco denuncias por falsificación de documentos presentadas ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
Gurza Islas deslindó a la dependencia de esas anomalías pero reconoció que en uno de los casos su firma fue falsificada y que los responsables eran personas con conocimientos de derecho notarial y utilizaban sellos de notarios de la región y otros estados.
Gurza Islas sostuvo que los documentos falsos fueron detectados por notarios, por lo que envió a las personas afectadas a la Procuraduría. Dos de las cinco denuncias fueron presentadas y ratificadas por el propio Gurza Islas, el resto lo hicieron varios ciudadanos.
El 11 de julio de 2002, Salvador Sánchez Guerra, entonces presidente del Colegio de Notarios Públicos, denunció la presencia de documentos falsos en algunos trámites de ventas de casas.
En un caso, recuerda Sánchez Guerra, se detectó el sello de un notario que ya había fallecido, que fue falsificado para tramitar escrituras. Sánchez Guerra prefirió no revelar el nombre del notario pero dijo que los responsables nunca fueron encontrados. En otro caso descubrieron un sello de un notario de la Ciudad de México.
?Nosotros como notarios, y también en el Registro, hemos tratado de tener cuidado para que esas personas no nos sorprendan. Es importante evitar este tipo de situaciones por su gravedad?, dijo Sánchez Guerra en ese entonces.
La Procuraduría de Justicia reportó que Gurza Islas también interpuso una denuncia por desaparición de libros del propio Registro.
El 13 de julio de 2002, Jesús Chávez Villanueva, director estatal del Registro Público de la Propiedad, declaró que se investigaba a empleados de la dependencia en Torreón.
Chávez Villanueva aseguró que, además de las acciones que emprendería la Procuraduría, realizaría averiguaciones para integrar un expediente administrativo, y en octubre de 2002 el ahora ex funcionario declaró que había cuatro empleados involucrados.
?Estos empleados están implicados en la expedición de certificados por los que exigieron 450 pesos, cantidad que no ingresó a la oficina pública. Además esas personas realizaban trámites que no estaban dentro de sus funciones?, dijo Chávez.
Entre algunos nombres que dio a conocer de los presuntos culpables, figura Antonio Calvillo, el mismo que firmó la corrección de colindancias del predio de Arnulfo García Cuéllar en 1978, así como un empleado del archivo del que sólo recordó el nombre de Manuel. Ambos fueron citados por la Secretaría de la Contraloría pero ninguno fue despedido.
Calvillo Pérez reconoció que en 2002 fue llamado por la Contraloría pero que se le comprobó que no tenía responsabilidad. A fines de 2003 se fue a trabajar a la Junta de Conciliación pero en enero de este año regresó al Registro.
Luego de esa investigación, Chávez Villanueva declaró que los funcionarios sospechosos no debieron firmar los certificados tramitados por el empleado del archivo, y anunció que, como medida de seguridad, el Registro Público utilizaría un tipo de papel especial, con hologramas y otros candados, para hacer imposible su falsificación y alteración.
Este papel entró en uso el 15 de junio, pero Armando Hoyos reconoce que puede ser falsificable con técnicas modernas de impresión.
PREFIEREN ?BLINDARSE?
Como una medida preventiva, los notarios públicos de Torreón tomaron un acuerdo para validar documentos, que fue notificado a bancos, Sofoles, Hipotecarias y fuentes de crédito.
Fernando Cárdenas González explica que el acuerdo consiste en que acciones como cancelación de hipotecas o liberación de gravámenes con garantía hipotecaria sólo serán válidas si se otorgan en escritura pública y no en escrito privado como se hace en la actualidad.
Este acuerdo se hizo de manera conjunta entre el Colegio de Notarios de Torreón y Armando Hoyos Reyes, director del Registro en la ciudad.
Para ellos, lo más importante es que se evitarán documentos apócrifos, con los que se han cancelado indebidamente gravámenes hipotecarios. El argumento es que el control de la legalidad que tiene la escritura pública, garantiza documentos confiables.
Otro motivo de optimismo que ve Cárdenas González es una reforma a la Constitución del Estado que se dio hace dos meses, que contempla la ?responsabilidad objetiva? de funcionarios públicos que incurran en irregularidades al elaborar documentos oficiales.
Con esta reforma, los ciudadanos pueden demandar al Estado y buscar reparación económica cuando la irregularidad les causó daño patrimonial, algo que está cerca de ocurrirle a Arnulfo García.
