Una vez concluida la jornada electoral del dos de julio, que en su momento fue calificada como ejemplar, sorprende que un número significativo de comunicadores a nivel nacional, insista de manera reiterada y pertinaz, en que el país se encuentra dividido.
Como toda sociedad, como la sociedad humana en su conjunto, la sociedad mexicana es diversa y plural y como tal según sea el punto de vista que se la mire, puede considerarse integrada o dividida por las personas y los grupos humanos que al final de cuentas no la dividen sino que la integran, en una relación esencial entre lo individual y lo colectivo.
Por ello, como todos los pueblos civilizados de la Tierra, los mexicanos hemos construido espacios de convergencia que se concretan en estructuras jurídicas institucionales que son herramientas de unidad que organizan a los tres niveles de Gobierno; que hacen de las ciudades municipios, de las regiones estados y del mosaico nacional una federación y además, establecen un sistema de equilibrio y contrapesos mediante la división de poderes, que dicho sea de paso es “división”, como factor de integración, mas no de dispersión.
El mapa político actual del país en su conjunto en los Estados y Municipios y el Congreso de la Unión, revela una suma participativa de los colores de ocho partidos que integran el espectro nacional en su unidad y desde luego en su pluralidad.
Los esfuerzos por crear las instituciones que nos permitan procesar nuestra diversidad, culminaron la década pasada en una reforma política impulsada por ciudadanos y partidos, de la cual surgieron una legislación electoral y los organismos encargados de aplicarla.
Por ello sorprende que frente a los resultados aritméticos que definen una mayoría de votos a favor de Felipe Calderón como candidato a la Presidencia de la República, López Obrador y el PRD estén empeñados en una descalificación radical de las elecciones y del Instituto Federal Electoral como árbitro, lo que de ninguna manera corresponde a la apreciación de muchos ciudadanos que vivimos dicha experiencia como protagonistas.
Es cierto que todo candidato o partido tiene derecho a inconformarse al respecto y para eso existen recursos legales, pero convocar a la resistencia civil e impugnar el resultado en más de cincuenta mil casillas por el solo hecho que el candidato perredista perdió en cada una ellas, revela un apetito de poder que sería risible si no entrañara una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos y por añadido un peligro para el país.
La actitud de López Obrador se revela cínica al impugnar la elección de Presidente, al tiempo que se acoge a los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las del Distrito Federal, en la medida en que le fueron favorables.
Entendámoslo de una vez, López Obrador no es ni tonto ni loco. Es un demagogo que con su petición (en apariencia inocente) de abrir los paquetes electorales y contar voto por voto, pretende volver al viejo sistema autoritario en que los comicios y el cómputo estaban en poder de funcionarios, en contradicción con el método actual que pone el control en manos de ciudadanos escogidos por sorteo para integrar las casillas y contar los votos con la participación de los representantes de cada partido.
A lo anterior obedece que la legislación electoral mexicana prohíba la apertura indiscriminada o total de los paquetes electorales y sólo autoriza por excepción la apertura, en determinados casos previstos por la propia Ley. Los votos sufragados el dos de julio pasado ya fueron contados por los propios ciudadanos y por razones históricas que además están sustentadas en derecho, los paquetes no deben abrirse ni se debe realizar un nuevo conteo.
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