El Siglo de Durango
NEVERÍAS, DGO.-Hasta el momento no han tenido acercamiento con autoridades municipales ni estatales las 11 familias de ejidatarios desalojadas de sus viviendas el pasado martes.
Después de la destrucción de sus viviendas, corrales y bodegas, Fernando Acosta Luévanos indicó que hasta el momento las autoridades no se han tomado la molestia de ir a observar cómo quedó el lugar en donde el grupo de ejidatarios vivió ocho años, mostrando su indiferencia; tal vez ?dijo- realmente no les importa.
El campesino manifestó que continuarán en el mismo lugar en donde los Ministeriales los dejaron con sus pertenencias, mientras encuentran una solución a su problema, por lo que están pidiendo ayuda a la ciudadanía para que les apoyen con casas de campaña y lonas, para protegerse de las inclemencias del tiempo.
Hasta el momento, los ejidatarios manifiestan que las autoridades sólo les han dado la espalda, como si no se quisieran involucrar en el problema; sin embargo, la realidad es evidente, pues mujeres y niños se han quedado sin techo y eso nadie lo puede ocultar.
Dijo que están muy dolidos por lo que aconteció, además de sentirse indefensos al contar con un Gobierno que primero les ayuda con créditos para la construcción de viviendas y para proveerse de ganado y luego permiten que echen todo abajo.
Acosta Luévanos también advirtió que ante la situación por la que están pasando esperan que de ellos se comience a hacer todo tipo de comentarios; no obstante, ?las escenas del atropello que cometieron en contra de nuestras familias hablan más que mil palabras?.
Dijo que hasta el momento han recibido más apoyo de la ciudadanía duranguense que de los funcionarios, por lo que comentó que continuarán a la espera de que alguno se digne a estar con ellos y ver el daño real que les hicieron.
Manifestó que por lo pronto se han abastecido de víveres para unos días, siguen batallando para agrupar y reubicar sus animales de traspatio y se siguen cuestionando qué hacer para recuperar el tiempo, esfuerzo y dinero perdidos.
PROPIETARIO
?La demolición de las casas del ejido Neverías se hizo para señalar que lo único que nos interesaba era el terreno y no las propiedades?, reconoció Jesús Gurrola, dueño del predio en donde estaban asentadas 11 familias, entre ellas la Acosta.
A través de entrevista telefónica, Jesús Gurrola comentó a este matutino que ellos habían avisado a las familias sobre las acciones que se tomarían (es decir, destruir las casas) si no desalojaban el lugar.
ANTECEDENTES
El conflicto data desde hace más de 30 años, en donde las partes se disputaban cuatro mil 800 hectáreas, de las cuales el Tribunal Unitario Agrario (TUA) resolvió que cuatro mil hectáreas le correspondían al ejido Otinapa, y 800 hectáreas a la familia Gurrola.
De las 800 hectáreas se entregaron 290 a la familia Gurrola, quedando pendientes por entregar por parte del TUA 510 hectáreas.
La familia Acosta, que pertenece al ejido Otinapa, se asentó dentro de las 510 hectáreas hace aproximadamente ocho años.
En su momento, narra Jesús Gurrola, le manifestó a Jesús Salvador Acosta que se salieran del lugar, ya que no era propiedad del ejido, además de que éste se encuentra fuera del núcleo poblacional del ejido.
El propietario añadió que ellos llegaron a un supuesto día de campo, y que de ahí decidieron quedarse, amparándose en Valente Palomares, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), quien le consiguió respaldo para integrarlos a proyectos productivos para la comunidad, así como apoyo a la vivienda.
Fue hasta este mes cuando le ordenaron al TUA efectuar la entrega del terreno al propietario, por lo que los actuarios acudieron a reconocer la zona para delimitar el predio en pugna.
Amén del trabajo realizado por el TUA, los ejidatarios, el Gobierno del Estado y el propietario firmaron un convenio para dividir las hectáreas que faltaban por entregar, es decir las 510, en 255 hectáreas para cada una de las partes.
Como ya se mencionó al principio, las 255 hectáreas de la familia Gurrola estaban invadidas por la familia Acosta, por lo que al pedir el desalojo se generó el conflicto entre las partes, quedando al margen las instituciones agrarias.
AL MARGEN
La Liga de Comunidades Agrarias se muestra al margen de la situación legal de la problemática que aqueja a los habitantes del predio Neverías, pero por otra parte, en su papel de defensores campesinos, estarán pendientes de que se les restituyan las pérdidas a los afectados.
Lo anterior fue dado a conocer por César Adrián Castro, vocero de dicha organización campesina, quien manifestó que es una desgracia lo que ocurrió en el predio, que forma parte del ejido de Otinapa; empero, contra los recursos legales es poco lo que se puede hacer.
Comentó que lo sano será que el Gobierno reubique a los perjudicados en un terreno que les ofrezca la misma rentabilidad del lugar en donde estuvieron establecidos y les remunere las pérdidas materiales, pero sobre todo lograr que la calma vuelva al ejido.
VERSIÓN DEL GOBIERNO
Por su parte, Ricardo López Pescador, secretario general de Gobierno, reconoció la existencia del convenio realizado por las partes, y que en un momento dado prometieron apoyo a la familia Acosta para que se volvieran a asentar en otro terreno y con ayuda para que construyeran sus viviendas.
Explicó que estarán al pendiente para mediar en este asunto ante ambas partes, ya que el Gobierno Estatal buscará la tranquilidad y un ambiente de paz en la entidad.
HECHOS
Este martes, como informó este matutino en la Sección Regional, se dio el desalojo de las 11 familias que estaban invadiendo el terreno propiedad de la familia Gurrola, por lo que esta última utilizó maquinaria pesada para destruir las casas, pidiendo la presencia de la Policía Ministerial ya que se temían represalias de los dueños que se encontraban presentes.
Las autoridades correspondientes aclararon que los trabajadores del TUA, al ver el conflicto que prevalecía entre las partes, pidieron seguridad a la Procuraduría General de la República (PGR), de ahí que en el lugar del desalojo estuvieron presentes elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El representante de la Reforma Agraria en Durango, Noel Pérez Saláis, se deslindó de este conflicto ya que el TUA resolvió en favor de Jesús Gurrola como propietario de 800 hectáreas del ejido Otinapa, ya que ellos no tienen conocimiento (al menos oficialmente) de ningún convenio efectuado por las partes en conflicto.
Jesús Gurrola recalcó que la familia Acosta fue avisada del desalojo y de la intención ya que le dieron tiempo para que sacaran sus pertenencias del lugar, e inclusive pusieron a su disposición camiones para trasladar sus bienes muebles a otra parte.
