Los resultados del estudio que la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó en torno a las fallas del Distribuidor Vial Revolución solamente vinieron a confirmar lo que a todas luces era claro: la mala relación e incluso una especie de rompimiento entre el gobernador Humberto Moreira Valdés y su antecesor, el también priista, Enrique Martínez. Y es que si bien el dictamen universitario señala que buena parte de la estructura del complejo vial deberá demolerse y reconstruirse, diferentes funcionarios estatales le han atizado de más al fuego y esto ha ocasionado que los señalamientos del gobe hacia integrantes de la anterior Administración sean contundentes. Lo cierto es que Moreira tiene bien definida la actuación de su Gobierno en este conflicto y el titular de la Procuraduría General de Justicia, Jesús Torres Charles, tiene instrucciones precisas para fincar responsabilidades a los ex funcionarios estatales que estén involucrados en las irregularidades del DVR. Sea quien sea, caiga quien caiga, es la instrucción que desde el primer piso de Palacio de Gobierno salió para quienes realizarán las investigaciones y tratarán de ver dónde empezó la bronca, quién no la detectó y quiénes permitieron que la inversión cristalizara a pesar de las fallas. Pero esta advertencia de las huestes moreiristas para quienes hasta noviembre del año pasado condujeron los destinos del estado no es la única. Basta recordar que hace un par de semanas se filtró a un periódico de la capital peronera la versión de sobra conocida: que el Gobierno de Enrique Martínez espiaba a más de cuatro.Y es que hasta el titular de la Secretaría de Gobierno, Óscar Pimentel González, sólo reconoció tener informes sobre los actos de espionaje que desde sus oficinas, antes ocupadas por Raúl Sifuentes Guerrero, se dieron en contra de políticos, periodistas, religiosos y representantes de la sociedad civil en general. De hecho se pudo conocer que hasta en las mismas oficinas del ex gobe había micrófonos? Pero otra de las situaciones que han salido desde la Administración de Moreira y que han impactado en contra de Martínez y Martínez, es el asunto de la deuda cero, pues Jorge Torres López, nuevo tesorero estatal, jura y perjura que dicho estado financiero es una falacia, pues Coahuila sí debe dinero, concretamente a la Federación. Estos tres son solamente algunos de los ejemplos que se pudieran citar en un intento por evidenciar que las relaciones entre el gobe Moreira y Enrique Martínez se encuentran rotas.
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Por cierto, desde que terminó su gestión al frente del Gobierno Estatal, Enrique Martínez se ha mantenido encerrado a piedra y lodo en las oficinas del Grupo Empresarial Martínez, el cual por cierto preside y que se encuentran ubicadas sobre el bulevar V. Carranza, en plena zona dorada de Saltillo. Resulta que el ex gobe no quiere tener ningún, pero absolutamente ningún acercamiento con los representantes de los medios de comunicación, pues tomó la decisión de bajar el perfil político hasta después de los comicios federales del dos de julio. Lo peor del caso es que esa decisión asumida desde la perspectiva política, mantiene a Enrique Martínez distante de responder a cuestionamientos concretos sobre la gestión que tuvo como gobernador, como es el caso de las fallas en el DVR cuya construcción se dio en su Gobierno.
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Nuestros subagentes que ?litigan? en las agencias del Ministerio Público y en los Juzgados de Distrito de Torreón y Saltillo, hacen guardia día y noche. La causa, es que esperan que de un momento a otro llegue alguna demanda de amparo interpuesta por el ex secretario de Obras Públicas de Coahuila, Jorge Viesca Martínez, por aquello de que aparece como el principal responsable de la pifia cometida con la construcción del DVR. Viesca, dicen personas que lo conocen, se hizo ?ojo de hormiga? un tiempo hasta hace dos días en que debido a un problema familiar se le vio en conocido sanatorio de esta ciudad. No contesta el teléfono, utiliza lentes oscuros y su paso es veloz y nervioso. Tal vez porque sabe que ahora la Secretaría de la Función Pública va contra él con todo y que don Humberto Moreira no es para nada, amigo de su ex patrón Enrique Martínez, quien lo protegió seis años.
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Como si fueran carreras de caballos, ya se hacen las apuestas. Y es que dicen nuestros subagentes que en el caso del DVR la percepción es a razón de doble contra sencillo que el Gobierno del Estado a cargo de Don Humberto Moreira, no va a poder fincar responsabilidades, ni recuperar un solo centavo de esa obra mal hecha. Y aseguran los más optimistas que no podrá ni contra las empresas participantes y mucho menos contra el ex de Obras Públicas, Jorge Viesca, a quien poco le interesa una eventual inhabilitación como servidor público o que se le ocasione un descrédito moral y profesional, por qué, sencillamente porque ya no tiene ni el uno ni el otro. Además las fianzas ya expiraron y en todo caso, tanto Viesca como la empresa Coordina que supervisó y BM que proyectó, inclusive la constructora Acolsa, se amparan y ya está. Qué importa la indignación ciudadana, qué vale que se tomen otra vez recursos públicos para demolerlo y hacer otro nuevo, no hay ninguna garantía de que se haga justicia.
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Nuestros subagentes que van y vienen a Saltillo por la deteriorada carretera libre nos platican que hace días hubo una reunión con la clase política coahuilense, comandada por don Samuel Rodríguez, quien se dice mandamás del PRI. El resultado fue replantear objetivos, ya que las campañas priistas, de plano, no prenden. Nos dicen que la realidad es que hay ?focos rojos? en la zona de La Laguna, donde todo parece indicar que el PAN llegó para quedarse. Pero lo que más llama la atención es que ni así se une el priismo de Torreón, ni viendo la situación tan fría que existe hacia los candidatos mejora la estrategia o se ponen a trabajar en serio. O será que ya les gustó la simulación, o tal vez porque muchos ya se ?acomodaron? en el Congreso y otros son funcionarios estatales, o peor todavía, no quieren que gane Roberto Madrazo para evitar que los controle el Estado que ahora está en manos del hermano incómodo. ¿Cuál será la realidad?
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No cabe duda de la ?generosidad? de la actual Administración que encabeza don José Ángel Pérez. Y es que como no pudieron acomodarlo como comandante en vez de Alfredo Castellanos, el alcalde compensó a Víctor Ramos Galindo, ahora director operativo, con un sueldazo. Nos informan nuestros espías de la Dirección de Seguridad Pública que gana la pequeña cantidad de 46 mil 270.14 pesos mensuales. Apenas entró el primero de abril y sustituyó a Juan Alberto Llorens, que ganaba solamente 29 mil 998.89 pesos. No cabe duda que es fácil dar caridad con dinero ajeno. Nuestros subagentes nos prometen que casos como éste abundan en el Gobierno de cuatro años.
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Tal parece que la Presidencia Municipal de Gómez Palacio ha implementado una nueva táctica para distraer a la población deseosa de acercarse al alcalde Octaviano Rendón Arce, para manifestarle sus necesidades e incluso hacerle entrega de sus solicitudes de apoyo. Según los contactos del agente 007 en la vecina ciudad de Gómez Palacio, la estrategia es regalar paletas de dulce a los asistentes a los eventos desarrollados en colonias y encabezados por el alcalde, pues al parecer buscan endulzarles el humor a los ciudadanos inconformes. Durante su gira de trabajo por diversas localidades de la ciudad, el personal de seguridad y quienes acompañan al presidente municipal, comenzaron a entregar las mentadas paletas, precisamente cuando Rendón Arce lidiaba con algunas ciudadanas que reclamaban mayor seguridad y apoyo para su sector habitacional, en la colonia Morelos.
