En este país en que los pobres se cuentan por decenas de millones y las diferencias abismales son trama tradicional de la narrativa, en el mismo país en el cual los derechos de las minorías apenas son conceptos, allí, un acaudalado empresario es capaz de amenazar a la República con la compra de una candidatura presidencial. Y para ello se aprovecha de los zarandeos al interior del incipiente partido socialdemócrata y se apodera de la fracción campesina. Sin empacho y en pleno desconocimiento de la Ley ofrece para comenzar, 100 millones de pesos y sale vitoreado por los que se dicen representantes de los pobres. ¿En qué género puede uno inscribir los hechos? ¿Comedia o tragedia?
Por lo pronto lo que genera es vergüenza, pena profunda hacia las instituciones republicanas de las cuales se quiere sacar provecho personal. Se sabe de los intereses comerciales del señor auto designado como Dr. Simi, pero más allá de sus simplismos (vitaminas + deporte salud) ¿qué idea de país tiene? Consecuencias concretas de la jugada: dividir y probablemente conducir al despeñadero por tercera ocasión una alternativa socialdemócrata para México, enturbiar con sus prepotentes dineros un de por sí complejo proceso, desacreditar la dañada causa campesina, sembrar más dudas sobre la vida política. Gracias Dr. Simi por su histórica aportación. Vergonzoso.
Los usos personales del dinero público deben de tener un límite. La maestra Gordillo está en todo su derecho de odiar a Roberto Madrazo. También está en su derecho de permanecer en el PRI hasta que la conviertan en víctima. Lo que ya no pareciera tan claro es que perteneciendo a un partido la maestra conforme, en alianza con sus huestes magisteriales, otra fuerza política y lance a un muy conocido ex priista como candidato para canalizar sus furias personales, todo ello, por supuesto, sin admitirlo de cara a la nación. Resultado: los contribuyentes estamos pagando a dos fuerzas políticas una de las cuales pareciera tener como propósito central herir al candidato priista. Que lleven sus odios tan lejos como quieran pero que dejen a la plaza pública en paz. También vergonzoso.
Reforma ha dado la batalla desde hace tiempo. Los llamados “delitos de opinión”, calumnia y difamación, no deben ser tratados por la vía penal. Esta es la historia de una periodista, Lidia Cacho, que escribió un libro sobre un tema truculento: la pederastia. En él hace mención de un empresario que conoce al principal imputado. El empresario textil se siente profundamente herido en su fama pública y se lanza contra la periodista. Hasta aquí la historia no tiene nada de extraordinario, los dos están en su derecho, ella de ejercer la libertad de expresión y él de reclamar por vía jurídica en defensa de su fama pública. El problema comienza cuando el gobernador de la entidad interviene públicamente en la discusión e incluso se adelanta a condenar a la periodista. ¿Qué acaso no conoce de la existencia del Judicial para determinar lo que de acuerdo a la Ley proceda? El problema surge por la detención, maltrato y hostigamiento de la periodista. El problema surge cuando a todas luces el Ejecutivo de la entidad se muestra involucrado en el caso con lo cual pasamos a un territorio todavía muy común: la persecución política. Vergonzoso.
Por eso es necesario despenalizar la calumnia y la difamación y llevar esas figuras al derecho civil. Porque estamos en el peor de los mundos: si un servidor público decide amedrentar a un periodista no tiene más que presentar una denuncia contra el comunicador y contar con la simpatía de alguien con influencias en el Ministerio Público. Mientras la justicia decide el comunicador puede ver su vida desmoronarse por la aplicación del mecanismo penal. En sentido contrario también es un infierno. Si un ciudadano que se considera ofendido por algún comunicador decide acudir a la justicia necesitará de la simpatía de las autoridades para que en verdad se proceda. El monopolio del Ejecutivo sobre la instancia investigadora es una aberración insostenible y disfuncional para todos. Una vergüenza.
Pero las vergüenzas en Puebla no terminan allí. Porque también está el caso del activista civil Martín Barrios Hernández al frente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales de Tehuacán que fue detenido y llevado a un proceso por chantaje plagado de irregularidades. Fue tan insostenible el caso que la autoridad tuvo que dar marcha atrás orillando al acusador a desistirse. Y ya que de vergüenzas se trata, cómo pretenden las autoridades del Estado de México y el propio afectado, Arturo Montiel, acreditar sus dichos si la simple celeridad en su liberación genera dudas. Perjudicados salimos todos porque ahora la duda se extenderá sobre los servidores públicos involucrados. Si Montiel de verdad puede acreditar su riqueza, él debió haber sido el primer interesado en que sus explicaciones fueran ampliamente conocidas y analizadas, no sólo por las autoridades sino por la opinión pública. Vergüenza.
Sólo se hace justicia cuando un proceso está limpio en el sentido de que el acusado haya podido interponer todas las instancias correspondientes. Ése ya no fue el caso de Óscar Espinosa. Independientemente de filias y fobias y de lo que el juzgador haya decidido en el fondo, la negativa al amparo y el hecho de que tres magistrados demandados por el propio Espinosa no se hayan abstenido de intervenir en el caso votando a favor de la condena deja una mácula a ese proceso. Las irregularidades procesales echan por la borda a la justicia. Víctimas sonoras de ello han sido Raúl Salinas y Espinosa. Son populares vergüenzas.
