Gobernadora demócrata de Arizona vetó una iniciativa de Ley que buscaba castigar con prisión a indocumentados.
Phoenix, (Notimex).- La gobernadora demócrata de Arizona, Janet Napolitano, vetó una iniciativa de Ley que buscaba castigar con prisión a indocumentados, al equiparar la permanencia de los inmigrantes con el delito de invasión a propiedad pública o privada.
Napolitano dijo que vetó el proyecto ante la oposición de numerosas agencias policiales de Arizona que consideran contraproducente las medidas contempladas en la iniciativa SV1157, presentada por legisladores republicanos.
La SV1157 establecía penas mínimas de seis meses de cárcel para indocumentados que reingresaran a Estados Unidos por Arizona.
Asimismo exigía a las policías locales tomar huellas digitales a indocumentados que detuvieran para entregarlas al Departamento de Seguridad Pública de Arizona a fin de crear una base de datos.
También otorgaba autoridad discrecional a oficiales del estado para entregar a indocumentados detenidos a agentes de migración federales o ante instancias locales para procesarlos.
La SV1157 equiparaba la permanencia ilegal de inmigrantes en el país con el delito de trasgresión, traspaso o invasión a propiedad pública o privada, contemplado en el Código Penal estatal.
La propuesta había sido ya aprobada por la Asamblea Legislativa, pese a que la asociación de jefes de policía de Arizona y la ciudad de Phoenix, se oponían bajo el argumento de que carecen de recursos y personal para destinarlos a la detención de indocumentados.
La víspera, el estado de Georgia aprobó una amplia legislación que niega servicios estatales a personas que no puedan comprobar que residen de manera legal en Estados Unidos, además de obligar a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus empleados.
La Ley fue promulgada por el gobernador Sonny Perdue en vísperas de la reanudación del debate migratorio en el Senado estadunidense, la próxima semana y tras las manifestaciones de apoyo a una legalización migratoria plena en varias ciudades del país.
Esa legislación obliga a las agencias estatales de Georgia a verificar la elegibilidad de las personas que reciben servicios mediante la comprobación de su situación migratoria con una licencia de conducir o de un número de seguro social.
También exige a la policía verificar la situación migratoria de las personas que arrestan y a los empleadores a cotejar que los trabajadores potenciales tienen permiso válido de empleo en Estados Unidos.
Aunque algunas de las disposiciones entrarán en vigor hasta el 2007, se espera que la nueva Ley genere controversia ante eventuales apelaciones presentadas por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
