La nueva Ley de Radio, Televisión y Telefonía es una victoria pírrica para los grandes consorcios, una vergüenza para los legisladores, una sombra de sospecha para los dos partidos con mayor presencia y una oscura mácula en el juicio histórico de Fox. Se trata de uno de esos enjambres de los cuales nadie puede salir victorioso. Pero, ¿cómo es que llegamos aquí? Comencemos por los tiempos.
Detrás de este engendro están tres décadas de discusión entre especialistas, concesionarios, permisionarios y autoridades. Si hemos esperado tanto para legislar en un área tan delicada, igual se hubiese podido posponer la aprobación de la controvertida Ley para dentro de seis meses, una vez que los tiempos electorales hubieran pasado. Pero no, con una prisa inexplicable y desnudando, una vez más, la ausencia de un diseño político y una torpe conducción -el desafuero no se olvida- la gestión de Fox le da luz verde. Luz verde justo 100 días antes de la elección, luz verde justo en el momento en que podría suponerse un interés partidario por los tiempos radiofónicos y televisivos, luz verde justo en los prolegómenos de una confrontación electoral sin precedente. ¿Por qué de la prisa? ¿Quién está detrás del timón? Visto así se trata de un auténtico desatino, un desatino político de tal magnitud que la hipótesis ingenua se vuelve insostenible. Por eso surge la sospecha sobre los partidos. Grave error.
La Ley es una vergüenza para los legisladores, diputados y senadores: desnuda a los señores diputados que aprobaron el proyecto en siete minutos como unos verdaderos irresponsables. Este tipo de legislación tiene un alto contenido técnico. ¿Habrán tenido los señores diputados, que no se caracterizan por su especialización en los temas, conocimientos suficientes o este es otro producto del amateurismo legislativo? Pero entre la Cámara de Diputados y el Senado surgieron ya muchas voces inconformes, no sólo de académicos y especialistas muy prestigiados y conocedores del tema, sino también mexicanos involucrados con esa actividad de la comunicación en estaciones de radio de servicio público.
Los señores senadores tuvieron tiempo para enmendar y corregir aquellos puntos de la Ley que reiteradamente fueron señalados como deficiencias o francos atropellos: indefinición y debilidad del órgano regulador, entrega gratuita del nuevo espectro radioeléctrico, iniquidad frente a los requisitos de la digitalización, trato discriminatorio entre permisionarios y concesionarios, prolongación excesiva de las concesiones, desaparición virtual del Estado en la regulación del nuevo espectro, etc. La lista es larga y ha sido expuesta ene veces. Sin embargo los señores senadores prefirieron la vergüenza a reabrir el debate. Eso no es democrático. ¿Qué prisa les asiste?
Durante los días previos a la discusión en el Senado el país fue testigo de cómo la minuta dividía, aún peor polarizaba. Para la historia quedará la digna oposición del IMER, Radio Educación, Radio UNAM entre decenas de muy respetables radiodifusoras locales. Por supuesto que el consenso siempre deseable no siempre es asequible. Pero entre el consenso impracticable y la polarización que vivimos hay una enorme distancia. Hay lecturas no sólo diversas sino diametralmente opuestas del mismo texto. Algo está muy mal. Basta con releer los párrafos iniciales de las funciones del órgano regulador para comprender que se le concibió casi como un consejo consultivo. ¿Qué es esto? A la vergüenza de los señores diputados con su histórica aprobación en el más veloz fast track del que se tenga memoria, habrá que sumar la también histórica sesión donde la consigna fue no modificar una sola coma para no volver a abrir la discusión. Vergüenzas todas.
La nueva Ley es una victoria pírrica para los grandes consorcios, Televisa y TV-Azteca en primer orden, pero también para varias grandes cadenas de radio. Lo es porque la polarización provocada por la Ley puede generar varias reacciones contrarias y de la misma magnitud. La oscilación al extremo del péndulo a nadie conviene. La Ley hirió a muchos que en automático se convirtieron en enemigos de las grandes cadenas. No hay enemigo pequeño pero además en esta confrontación son muchos y no tan pequeños. Resultado habrá miles con la mira puesta en los grandes consorcios que se vieron favorecidos, miles que estarán en la denuncia sistemática de cualquier exceso o irregularidad, miles que aprovecharán cualquier rendija para proponer una redefinición en el área. Imaginemos que López Obrador llega al poder, es probable aunque no definitivo. Imaginemos que necesita encarar a un enemigo impopular para consolidar su poder. ¿Cabe alguna duda de quiénes estarían en la lista? Los grandes privilegios y las grandes injusticias siempre encuentran una reacción en sentido contrario: la arbitraria expropiación de tierras en 75 y 76 con Echeverría; la miope nacionalización bancaria con López Portillo, el excesivo poder de La Quina con Salinas; el necesario pero injusto Fobaproa con Zedillo; la absurda nacionalización de los ingenios y ahora esta Ley con Fox.
La motivación central de la Ley, garantizar la pluralidad política y cultural y fomentar la sana competencia se perdió. Pasará a la historia como la entrega incondicional al duopolio televisivo. Real o no, esa es la imagen, una derrota. Fox pudo encauzar o posponer la discusión. Detrás estará siempre la sombra de la graciosa concesión de los tiempos de Estado. Ahora esto. Me sumo, entre muchos, a J. Zabludovsky: “Vetar la Ley... tiene una lógica jurídica, política y social”. Es la última oportunidad si se quiere evitar la imborrable mácula.
