Señalan que se mantiene el proceso de recopilación de pruebas para poder fincar responsabilidades jurídicas.
EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- La Secretaría de la Función Pública en Coahuila aún no cuenta con elementos suficientes para ubicar a los ex funcionarios estatales y municipales que tienen responsabilidad en los errores con que se construyó el Distribuidor Vial Revolución de Torreón.
El secretario Ismael Ramos Flores, aseguró que las auditorías están abiertas y está vigente el proceso de recopilación de pruebas a fin de integrar el expediente que se presentará a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con el objetivo de fincar las responsabilidades jurídicas que se deriven de la investigación.
De hecho, el funcionario estatal aclaró que mientras las auditorías no concluyan, no se puede determinar si efectivamente hubo omisiones, negligencia o dolo en la construcción irregular del citado complejo vial.
?El dictamen todavía no está listo, estamos integrando el expediente y estamos en comunicación con (la Secretaría de) Obras Públicas por si todavía tienen alguna información que pudiera aportar para trabajar y terminar este asunto?, señaló Ramos Flores.
Sin precisar la fecha en que la recaudación de pruebas terminará, el secretario de la Función Pública en el Estado aseguró que el procedimiento del caso es el correcto.
?Estamos trabajando, no crean que estoy dormido. Estamos por concluir la fase de recopilación de pruebas para elaborar el dictamen?, señaló.
El funcionario señaló que ?varios ex funcionarios? estatales y municipales han comparecido ante la dependencia para despejar dudas sobre las condiciones en que se construyó el DVR.
?Son varios a los que hemos citado y van a ser varios más?, señaló renuente a revelar los nombres de los involucrados.
El Distribuidor Vial Revolución será demolido parcialmente pues tiene fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. La Secretaría de Obras Públicas y Transporte en el Estado, a cargo de Eduardo Olmos Castro, ha señalado la posibilidad de que la corrección de las fallas genere costos por entre los 80 y los 100 millones de pesos.
