Afirman que la figura jurídica no garantiza la rehabilitación de los delincuentes.
EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- La figura jurídica de acumulación de penas, símil de la cadena perpetua vigente en Coahuila desde el inicio de la Administración Estatal encabezada por Humberto Moreira Valdés, es violatoria de los derechos humanos y no garantiza el propósito fundamental de la pena privativa de la libertad, que es la reincorporación de los delincuentes a la sociedad.
La medida sólo garantiza el castigo para quien comete un delito, pero no la rehabilitación social, advirtió en conferencia de prensa el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, Luis Fernando García Rodríguez.
Ante esto, el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila anticipó que la Comisión a su cargo elabora una propuesta de reformas al Código Penal de la entidad, que se entregará al Poder Legislativo en una fecha indeterminada.
Pero aclaró que la iniciativa no tendrá el propósito de echar abajo el ordenamiento judicial que permite a los jueces del fuero común sentenciar varias veces a un mismo individuo, al grado tal de que tenga que pasar en prisión más de 100 años, es decir, el resto de su vida. Aclaró que la propuesta de modificaciones al Código Penal simplemente pedirá a los diputados buscar mecanismos que garanticen beneficios jurídicos a las personas que por cometer más de un delito de los calificados como graves, tenga permanecer preso hasta su muerte.
?Buscaríamos que se tomaran en cuenta beneficios como el del buen comportamiento dentro de prisión o el trabajo en beneficio social para lograr la reducción de penas?, anotó García Rodríguez.
Insistió que con la vigencia de la Ley ?sólo se logra el fin aflictivo, de afligir a quien comete un delito, pero no se logra el principio de la rehabilitación. Como que pareciera que es la máxima del ojo por ojo y diente por diente?.
Tras arribar en diciembre pasado al frente del Gobierno de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, envió al Congreso local una iniciativa que los diputados aceptaron para modificar el Código Penal y establecer en él la posibilidad de que un mismo actor de varios delitos graves pueda permanecer en prisión hasta que muera.
Por ejemplo, si una persona secuestra, viola y asesina a un menor de edad, podría ser sentenciado en tres ocasiones a la pena máxima -por cada delito cometido-, que es de 40 años de prisión, por lo que su estancia en el reclusorio sería de 120 años.
