Aunque Roberto Campa Cifrián, candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), firmó entre los integrantes de Opción Ciudadana, una iniciativa lanzada por el empresario Alfonso Romo en abril pasado, no hay evidencia que su lanzamiento corresponda al diseño de esa asociación civil que con gran aparato se pensó a sí misma como factor modelante de la política electoral. Sus objetivos fueron diluyéndose conforme avanzó el año, por la veloz mutación de las circunstancias, y acaso porque la atención de su impulsor principal se concentró en resolver un grave conflicto, al mismo tiempo familiar y financiero, que anteayer tuvo un nuevo y enojoso episodio.
Opción Ciudadana fue presentada en sociedad en mal momento, el 28 de abril de 2005, porque una semana después, la noche del cuatro de mayo, el presidente Fox anunció que la Procuraduría General de la República no ejercería acción penal contra el desaforado jefe de Gobierno del Distrito Federal. Después que la Cámara de Diputados había privado de su inmunidad, cuatro semanas atrás, a Andrés Manuel López Obrador y abrió la posibilidad de enjuiciarlo y, por ende, de privarlo de sus derechos políticos, parecía oportuno tratar de llenar el espacio que su ausencia electoral suscitaría. Aun con esa candidatura vigente, Opción Ciudadana calculó que había lugar para una cuarta candidatura, además de las de López Obrador, Madrazo y Santiago Creel.
Romo se aproximó a Convergencia, de Dante Delgado, en busca de la vía adecuada para participar con esa candidatura alterna. El partido naranja, sin embargo, que se mostraba abierto a diferentes posibilidades, ya sea con una candidatura externa (como la de Jorge G. Castañeda) o con una propia, no consiguió rehacerse después de sus infortunios electorales en Oaxaca y Veracruz, donde había participado con amplias expectativas de éxito. Su alianza con el PAN para la elección mexiquense de julio pasado tampoco respondió a la esperanza suscitada y, seguramente convencida de que no es oportuno correr el riesgo de acudir a solas a la elección presidencial, se adhirió a la candidatura de López Obrador como parte de la alianza Para el bien de todos, con el PRD y el PT.
La derrota de Creel en la contienda interna de Acción Nacional mejoró las posibilidades de competencia de ese partido, con la inesperada candidatura de Felipe Calderón, cuyo perfil probablemente sea atractivo para los empresarios que junto a Romo firmaron la convocatoria de Opción Ciudadana, como Roberto y Daniel Servitje -que tomaron posición política antes que a favor del panista Alberto Cárdenas lo hiciera el patriarca de la familia, don Lorenzo-, y como Antonio Chedrauie, Alejandro Martí, Juan Diego Gutiérrez Cortina y Pablo Escandón.
Las condiciones objetivas de la vida política hicieron que perdiera sentido la propuesta de Romo, salvo que se crea que Opción Ciudadana negoció con Elba Ester Gordillo la postulación de Campa, uno de los varios priistas que había signado el llamamiento de Romo. Otro de los miembros del PRI que apoyó esa iniciativa, Arturo Núñez, por el mismo motivo que el ahora candidato presidencial de Nueva Alianza, su repudio a Madrazo, ha abandonado su filiación de toda la vida. Núñez se ha aproximado a la candidatura de López Obrador.
Esa probable frustración de su objetivo político, y la naturaleza misma del conflicto jurídico, y judicial, que enfrenta, han obligado a Romo a concentrar su energía en dirimir los problemas que su suegro, Alejandro Garza Lagüera hizo públicos también en abril pasado, al mismo tiempo que se lanzaba Opción Ciudadana. Ese miembro de la reputada familia regiomontana fundada por don Eugenio Garza Sada, junto a otros accionistas de Savia, la controladora de las empresas dirigidas por Romo, ha juzgado indebido el manejo de ese consorcio del que, sin embargo, ya no forma parte según sostiene su yerno.
Dos grupos, con sendos consejos de Administración, han protagonizado un litigio que anteayer estuvo a punto de generar un enfrentamiento personal entre abogados, accionistas... y guaruras que insólitamente fueron admitidos en una asamblea, la favorable a Garza Lagüera, para ratificar acuerdos contra Romo, que incluyen la presentación de denuncias penales.
Después de un periodo de auge en que su campo de acción creció desmesuradamente, Romo se vio en la necesidad de vender varios de sus negocios. Antes que hiciera lo propio con Seminis, una empresa dedicada a la biotecnología, y falto de confianza en las predicciones de su yerno sobre el buen futuro de ese giro, Garza Lagüera cedió su participación en Seminis, que le fue cubierta en efectivo y en especie.
Pero no mucho tiempo después Monsanto compró Seminis a un precio por acción muy superior al que le fue pagado al suegro, y éste busca ser resarcido del presunto daño patrimonial que resintió, y también pedir cuentas sobre el resto de la Administración. Romo alega que no sólo nada tiene que reclamar, porque optó por salir de Seminis, sino que está en falta porque no ha entregado los títulos cuyo importe le fue cubierto en su oportunidad.
Romo y su grupo sostienen que el lunes no hubo quórum y por lo tanto no se efectuó la asamblea citada, y que la reunida fue una junta espuria, cuya presunta mayoría es inexistente. Ambas partes, como ya lo han hecho, anunciaron su propósito de llevar su desacuerdo ante las instancias legales que correspondan, es decir los tribunales locales y federales, donde buscarán hacer notar su peso -y sus pesos.
