En el país existen más de 59 millones de líneas de teléfonos celulares que son posibles armas a disposición de la delincuencia, pues son vendidas sin control alguno.
Esto ha permitido que en México existan más de 700 organizaciones delictivas que mediante los teléfonos celulares extorsionan a sus víctimas y muchas de ellas operan en los reclusorios. Se calcula que el 95 por ciento de las extorsiones se realiza mediante un teléfono celular.
En los últimos seis años las bandas de la delincuencia organizada han recaudado casi 150 millones de pesos, a través de extorsiones por teléfonos celulares. Actualmente, el 70 por ciento de la población en México se comunica con telefonía móvil, y se carece del registro de más de 80 por ciento de los usuarios.
Incluso los diputados ya fueron víctimas de las extorsiones telefónicas, el pasado 27 de noviembre se suspendió la sesión en el Congreso debido a las amenazas de extorsión de que fueron víctimas varios diputados panistas, entre ellos el lagunero Jesús Flores Morfín.
Los legisladores recibieron llamadas a sus celulares donde se les afirmaba que un familiar cercano a ellos estaba secuestrado.
Por este motivo el legislador priista, Mario López Valdez, considera que es urgente que el Senado discuta su propuesta para que las empresas de telefonía celular puedan obtener información de los usuarios.
López Valdez dijo que tan sólo en el Distrito Federal y el área metropolitana diariamente se cometen, en promedio, 200 intentos de extorsión vía telefonía celular.
El legislador priista comentó que su iniciativa, presentada el 20 de junio, prevé la existencia de constancias obligatorias de los datos de cada uno de los poseedores de teléfonos celulares, para permitir su identificación inmediata en caso de algún acto ilícito.
Para ello se contará con un registro de usuarios finales de todas las líneas telefónicas celulares, tarifarias, de prepago o de las tarjetas conocidas como “chips”, dijo el senador por el estado de Sinaloa.
López Valdez confió que su propuesta de reforma sea discutida, para su aprobación, por la Cámara Alta en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero próximo.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones obligaría a las empresas a elaborar un registro, nombre y domicilio, de toda persona que adquiera un teléfono. Esta iniciativa fue presentada desde el pasado 20 de junio por el senador Mario López Valdez.
