“Ser políticamente correcto significa que siempre tienes que decir que lo sientes”.
Charles Osgood
Lo escribí varias veces en el caso de Ernestina Ascencio Rosario. Deben ser las pruebas las que definan si hubo o no una violación en la muerte de esta mujer indígena. Lo ratifico ahora, cuando han surgido indicios que permiten suponer que miembros del Ejército cometieron abusos y violaron cuando menos a una menor de edad en medio de los operativos contra el narco en Michoacán. Son las pruebas las que deben determinar si, efectivamente, se cometieron actos ilícitos.
Desafortunadamente, muchos políticos y comentaristas en nuestro país siguen manteniendo la posición de que ciertos casos judiciales deben resolverse por dogma político. El doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue cuestionado e incluso insultado por grupos de interés que lo acusaban de tratar de proteger al Ejército. ¿La razón? Presentar los resultados de una segunda autopsia que concluía que doña Ernestina no sólo no había sido violada sino que su muerte había sido consecuencia de causas naturales. Para estos grupos, la muerte de la anciana indígena debe haber sido necesariamente producto de una violencia permitida e incluso fomentada por el Ejército. Y no sorprende. De otra manera, su muerte no podría aprovecharse para propósitos políticos.
Al final, la propia Procuraduría de Veracruz, que había sostenido originalmente la tesis de la violación en el caso de Ernestina Ascencio, se echó para atrás y reconoció la veracidad de los resultados de la necropsia practicada por la CNDH. Pero en lugar de que quienes mantenían la hipótesis de la violación se alegraran de que este inenarrable hecho de violencia contra una indefensa anciana indígena no hubiese tenido lugar, o que presentaran pruebas o indicios adicionales que comprobaran o sugirieran otra cosa, prefirieron denunciar un nuevo e increíble complot en el que presuntamente participaban el presidente panista Felipe Calderón, el Ejército, la CNDH, el gobernador priista de Veracruz y la Procuraduría del estado.
Este 15 de mayo, no obstante, el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, presentó nuevos casos que sugieren abusos por parte de miembros del Ejército. Cuatro mujeres menores de edad fueron presuntamente secuestradas, narcotizadas y violadas por soldados que participaban en los operativos conjuntos con la Policía Federal en el estado de Michoacán. En cuando menos uno de los casos, hay ya pruebas médicas que comprueban la violación.
El doctor Soberanes señaló que la institución que él preside ha recibido 52 quejas de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y policiales en los operativos conjuntos. Está en espera, por otra parte, de los resultados de exámenes clínicos que le permitirían establecer si hubo violación en los casos de las otras tres jóvenes que han presentado versiones de los hechos muy similares a aquélla en que ya se ha comprobado el ultraje. La razón por la cual adelantó la divulgación de la información, explicó, es para mandar un mensaje a los soldados y policías en el sentido de que no pueden hacer lo que quieran en los operativos ya que están siendo vigilados.
No soy de los que piensan que el hecho de que uno o más soldados cometan abusos o violaciones sexuales mancha la reputación de todas las Fuerzas Armadas. Lo haría, en todo caso, si los altos mandos trataran de proteger a quienes cometen estas faltas. Pero eso no ha ocurrido. De hecho, en el caso de doña Ernestina, la Secretaría de la Defensa dio por válida en un principio —sin cuestionamientos— la información de la Procuraduría veracruzana que señalaba la existencia de una presunta violación y homicidio y señaló que se castigaría a los responsables. Lo mismo ha hecho en los nuevos casos que ha dado a conocer la CNDH. Hasta este momento la Sedena no ha obstaculizado las investigaciones.
El doctor Soberanes, me doy cuenta, es un hombre que genera fuertes reacciones adversas. No suele ser políticamente correcto. Pero lo importante en los casos de Michoacán y el de doña Ernestina no es el atractivo personal del ombudsman sino la solidez de los trabajos de la Comisión de los Derechos Humanos.
La CNDH está dando a conocer sus pruebas, aun cuando los diputados se nieguen a verlas para no correr el riesgo de dejarse convencer. Lo importante es que se revisen y si son sólidas, se utilicen para fincar responsabilidades penales a los presuntos responsables. Lo absurdo es pretender que estos casos se definan por dogmas políticos.
Quizá sea imposible tener una justicia perfecta, pero los procesos cuando menos deben sustentarse en pruebas. Lo que hemos visto en los últimos tiempos en nuestro país, sin embargo, es una exigencia inaceptable de los partidos y los grupos políticos para resolver los casos judiciales importantes por su corrección política.
POLÍTICAMENTE DESASTROSA
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio autorización al IFE para que destruya las boletas electorales del dos de julio de 2006. La decisión es jurídicamente correcta, pero políticamente desastrosa. La destrucción de las boletas sólo servirá para perpetuar el mito del “fraude electoral” y afectará la estabilidad y la credibilidad de todo el sistema electoral mexicano. Lo más sensato sería preservar las boletas y abrir los paquetes a cualquier escrutinio. Pero en el cumplimiento de la Ley, poco importa que se eche al país al precipicio.
