La compostura de quienes encabezan al país alcanzó, en estos días, grado de locura.
Ministros, gobernantes, fiscales, secretarios de Estado, consejeros, cardenales, alcaldes, legisladores, patrones y hasta guerrilleros pusieron en exhibición la esquizofrenia que afecta a la República. Causan la impresión de participar en un concurso para ganar la medalla a la desmemoria, la frivolidad, el cinismo, la impunidad y, en el Senado, un grupo de parlamentarios hizo pensar en la necesidad de legislar con alcoholímetro: si legisla, no beba; si bebe y legisla, cuando menos no chifle, podría ser el eslogan del programa.
Lo más curioso de esa compostura es que todos esos protagonistas aseguran ejercer responsablemente su libertad de expresión, con estricto apego al marco del Estado de ánimo en que se encuentran. No hay broma. Diciembre resumió el año y puso en evidencia dos cuestiones: la descomposición de la elite en el poder no ha tocado piso y la resistencia de ésta a recostarse en el diván o someterse a tratamiento en los centros de integración política.
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Diálogos, pronunciamientos, correspondencia o actitudes de esos protagonistas dejaron ver el peligro supuesto en una clase dirigente que no repara en su crisis y se divierte en ella. Parece exagerado, no lo es.
El viernes 30 de noviembre, al conocer la resolución de la Suprema Corte, el gobernador de Puebla, Mario Marín, reaccionó de inmediato. Afirmó que acatará con profundo respeto la resolución de la Suprema Corte y, en un alarde de control mental, contuvo la carcajada que debería seguir porque no a cualquiera se le extiende un certificado de impunidad con la firma de seis ministros. Aguantó la risa, pero no la burla: “En Puebla, como saben, también desde los primeros meses de nuestro Gobierno, siempre hemos impulsado una cultura por la legalidad”.
Si el mandatario no tuvo la delicadeza de separarse del cargo al menos durante el tiempo que duró la investigación sobre el brutal y manifiesto abuso en que incurrió, bien pudo hacer una reflexión autocrítica. Pero no, simplemente pidió: “cerremos este capítulo que, desde luego, ha sido difícil, complicado para todos”.
¡Vivan los ángeles de Puebla, los ministros y los niños!, pudo gritar, pero por fortuna se contuvo. Si legalmente lo consideraron intocable, qué más da lo que hizo.
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Días después, entre el 3 y 7 de diciembre, la guerrilla eperrista y la Secretaría de Gobernación intercambiaron tarjetas navideñas. Quizá por los rebotes de la resolución de la Corte y el jaloneo en la Cámara de Diputados, esos mensajes pasaron desapercibidos.
El 3 de diciembre, la Comandancia General del EPR emitió un comunicado, entre cuyos párrafos destacan los siguientes: “Pasó octubre, el mes en que como llamarada de petate se habló de la ‘necesidad de diálogo’. Pasan los días y el diez de noviembre no ocurre el hostigamiento político militar de nuestro partido esperado por el Gobierno y baja ‘su interés’, por lo que en sus sesudos análisis consideran que si no accionamos es porque no tenemos la capacidad. Pero no es así, estamos en lo dicho, hemos esperado paciente y prudentemente a pesar de la gravedad de la detención desaparición de nuestros compañeros (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez)”.
Luego, agrega el escrito: “Nuestro partido jamás ha tomado la acción represiva de un régimen como agravios personales, sin embargo, los anteriores gobiernos y el actual toman la lucha y la protesta social como un problema personal, de tal manera que secuestran a los hijos, los tienen de rehenes, maltratan a madres y padres, catean las casas, torturan a los niños, imponen sentencias exorbitantes, exigen a los guardias carcelarios que traten de destruir a los presos políticos y de conciencia, que los agredan y los destruyan psicológicamente con tal de inhibir la lucha de nuestro pueblo y de lastimar a sus supuestos o reales dirigentes”.
Y concluye: “Como ustedes comprenderán que ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su Gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular”.
Cuatro días se tomó la Secretaría de Gobernación para fijar postura al filo de la medianoche del viernes 7 de diciembre. En comunicado oficial, la dependencia rechaza llevar a cabo “una guerra sucia”, exhibe las contradicciones de la guerrilla al reclamar la presentación de los militantes desaparecidos y remata con un párrafo sin desperdicio, incluidos hasta los paréntesis. Dice a la letra:
“Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su ‘campaña de hostigamiento’. En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida. En segundo, porque la supuesta guerra sucia de la cual serían víctimas no existe. Y en tercer lugar ¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran? Si a pesar de estas tres razones, deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo”.
Si ésa es la respuesta del Estado a la revolución armada, nomás faltó añadir en qué ventanilla se debe formar la guerrilla para preguntar por los desaparecidos. Ora que si hay ánimo de conciliar, que el ombudsman pase a los dos al polígrafo.
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A otros actores de la temporada les ha dado por desarrollar el estilo epistolar, radiofónico, político y judicial para comunicarse sin entenderse. Son los secretarios del Trabajo (federal y local), Javier Lozano y Benito Mirón Lince, incorporando a su charada al secretario de Seguridad Pública local, Joel Ortega.
A lo largo de diciembre intensificaron la caracterización de un chusco capítulo de incomunicación comunicada, montado desde hace meses. Juegan a ver quién exhibe mejor al patrón del otro, quién es más chambón de los dos y cuál es más legal. Arman conferencias de prensa, participan en programas radiofónicos, escriben cartitas, se juegan bromas y, cuando pueden, hasta involucran a la Procuraduría General de la República.
Desde luego, ninguno reconoce frivolidad en su conducta ni en el canje de descalificaciones o amables insultos. No, nada de eso. Lozano, Lince y Ortega aseguran abanderar las mejores causas de la ciudad o la República, de la democracia o del Estado de Derecho y, curiosamente, los únicos que se ríen del sketch son las entusiastas porras o barras que los acompañan.
Casi un mes llevan en eso, siendo que tan mal anda el empleo.
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Falta reseñar desde luego la conducta de muchos otros protagonistas, pero el espacio no da para hacerlo. La semana entrante habrá oportunidad de incluirlos.
Se podrá, entonces, plantear que si la clase dirigente no repara en su descomposición y busca remontarla, de la locura se podría pasar a la crisis política, poniendo al centro de la situación un fenómeno extrañísimo: toparse con que, aun cuando el calendario da por concluido este año, el que sigue es la extensión de 2006.
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