Una gran polémica se ha generado en torno a la exigencia de algunos diputados y senadores del PRD y del PRI, que pugnan por la renovación anticipada de los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral.
La exigencia ha entrampado otras tareas legislativas, como las que se refieren a la reforma fiscal. Si no pasa la electoral no pasa la fiscal, es el grito de guerra de quienes pretenden el cambio total de los consejeros.
Sin embargo, ninguno de los que plantean tal exigencia explica el porqué de la misma, lo que hace suponer que se trata de una venganza contra aquellos que ellos consideran responsables de viejos agravios.
En el caso del PRD, los culpan de la pérdida de la elección presidencial, como si ellos hubieran orillado a Andrés Manuel López Obrador a cometer los graves errores que le restaron buena cantidad de votos libres en la pasada elección.
Creo intuir, que el PRI pretende cobrarse aquella vieja afrenta de la multa millonaria que le impusieron por el asunto del llamado Pemexgate.
Sin embargo, unos y otros parecen olvidar que lo único que ha salvado a nuestro país de graves crisis son las instituciones nacionales, entre ellas el IFE.
Si un país no se sustenta en sus instituciones o éstas no son respetadas, se desmorona más rápido o lento, según sea el caso.
Por eso, son muchos los sectores que han salido en defensa del Instituto.
Aunque las instituciones son representadas por personas y no se puede defender a la una sin hacerlo con las otras, está claro que lo que se defiende en este caso es a la institución.
Creo que de prosperar la aberrante acción, todas las instituciones estarán en la cuerda floja, pues el día de mañana puede ser una resolución de la Suprema Corte, por ejemplo, la que no sea del agrado de los partidos y éstos pedirán la salida de todos los ministros.
Si llegamos a esos extremos, entonces la inseguridad se apoderará de la república, pues los representantes institucionales estarán más atentos a estar bien con los partidos políticos que en cumplir con sus tareas de acuerdo a la ley. Eso no lo podemos permitir.
Una aberración más se presenta a nivel local en el asunto de la controversia planteada por el Ayuntamiento en contra del Gobierno del Estado.
Pienso que alguien le debería explicar claramente al alcalde José Ángel Pérez, cómo funciona ese tipo de asuntos, pues me asombró leer esta semana, una declaración suya, en la que afirmaba que con la resolución de la Corte, mediante la cual se levantó la suspensión, esperaba que se diera un “borrón y cuenta nueva”, como si el asunto ya hubiera concluido, cuando no es así.
Y creo que se lo deberían de explicar, porque el alcalde no es perito en derecho, por tanto debería enterarse de que una cosa es el fondo de una controversia constitucional y otra la suspensión.
Lo que la Corte aceptó levantar o dejar sin efecto, fue la suspensión que había decretado y que tanto malestar generó entre la ciudadanía.
Pero sigue “viva” la controversia, la cual deberá ser resuelta por la Corte en fecha próxima.
Tengo para mí, que cualquiera que sea el resultado, el Ayuntamiento saldrá perdiendo, porque de cualquier forma el Gobierno del Estado, dejará de realizar obras en Torreón.
En efecto, si el Municipio gana la controversia, ése será un motivo para que el Estado no realice obras al través de sus dependencias, pues estaría invadiendo la autonomía municipal.
Y si la pierde el Municipio, podría estar peor. De lo que resulta que, no es posible que el alcalde, pida desde ahora “borrón y cuenta nueva”, con el añadido de que nadie le garantiza al Estado, que el día de mañana no le salgan con la misma cantaleta por otros motivos semejantes.
Hay, además, en el fondo de la controversia un problema de legitimidad para su interposición, que tendrá que resolver la Corte al entrar al estudio del asunto y si éste prospera, no tocará el fondo, por lo que, es posible, que ni siquiera se sepa si, a juicio de la Corte, el Estado invadió la competencia del Municipio, lo cual exhibiría gravemente a éste.
Si se alega que el asunto es más político que jurídico, el Municipio debería abocarse a resolver éste con acciones de Gobierno que le ganen el beneplácito de la ciudadanía, en vez de adentrarse en un pleito que no sé de qué forma lo pueda ganar.
En algún momento, el alcalde sostuvo que: “Para eso están los recursos jurídicos”, con lo cual podría estar de acuerdo, si se añade que siempre y cuando se prevean las consecuencias. Porque los abogados somos muy buenos para ver lo que dice “el librito”, pero malos para avizorar sus consecuencias. Eso le corresponde a quienes llevan las riendas políticas de una entidad, como lo es el Municipio.
El político, como el general en batalla, debe ver todo el campo en el que se desarrolla ésta y no sólo uno de sus frentes.
Lamentablemente se ha llegado a creer que cualquiera puede ser político, por el solo hecho de acceder a un cargo de elección popular y no es así.
Visto está que las aberraciones se cometen en todos lados. Pero eso no exime de responsabilidad a los actores que las escenifican.
Por lo demás: “Hasta que nos volvamos a encontrar que Dios te guarde en la palma de Su mano”.
