El pasado viernes entraron en vigor las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF para despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Hoy el movimiento por los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo ha conseguido una victoria crucial en la historia de México, pero la polémica que ha generado este debate no apenas inicia, ya que en la aplicación de la nueva ley se presentan varios focos rojos.
Pese a las amenazas de muerte y a la fuerte presión de grupos conservadores como Provida y de la misma Iglesia Católica, aunada al mensaje del Papa Ratzinger, los legisladores locales del DF dieron luz verde a la iniciativa del aborto legal. Afortunadamente hasta el momento no ha habido agresiones ni actos de violencia en contra de los impulsores de esta iniciativa. Sin embargo, las amenazas lanzadas contra los diputados locales y contra algunas feministas mexicanas son un signo de preocupación y alerta.
En varios de los países que han despenalizado el aborto se han registrado actos vandálicos, asesinatos de doctores que practican abortos legales y seguros, amenazas constantes de muerte mediante el envío de cartas con ántrax a los legisladores que aprobaron esas iniciativas, entre otros actos.
Canadá, EU y Australia son los tres países que han registrado los índices de criminalidad más altos y brutales en relación con la despenalización del aborto. Los autores de esas acciones, que en Canadá son considerados como actos terroristas, han sido justamente miembros de los grupos conservadores quienes “en el nombre de Dios”, paradójicamente, están dispuestos a “proteger la vida” con “homicidios justificados en defensa de la vida” o con actos vandálicos o atentados.
Incluso dos organizaciones estadounidenses que se dicen católicas, como The Army of God y The American Coalition of Life Activists, llegaron a tener un sitio Web en el que publicaban las direcciones de las clínicas de aborto, los teléfonos y las direcciones del hogar de los doctores que ahí trabajaban, incitando a la violencia en contra de ellos.
Por ello, las amenazas recibidas por los legisladores locales del DF no deben ser tomadas a la ligera. Por ello resulta preocupante que Mariana Gómez del Campo, lideresa del PAN en el DF, las haya minimizado al llamar “chillones y chillonas” a los legisladores que las denunciaron, en lugar de emitir un comunicado en el que el PAN en el DF condenara enérgicamente las amenazas lanzadas a los diputados de la Asamblea Legislativa.
Tras la despenalización del aborto vendrá en el DF y en el país un momento crítico. Los autores de la iniciativa deben procurar corregir los errores que su aplicación conlleve. La controversia entre el Gobierno del DF y el Gobierno Federal sobre si la ley debe o no ser aplicada en los hospitales del IMSS y del ISSSTE debe llegar a una pronta solución.
El Gobierno del DF deberá garantizar plenamente el acceso a un aborto seguro a las mujeres que lo soliciten, pero deberá hacerlo con un respeto absoluto a la objeción de conciencia de los doctores que no deseen practicar un aborto.
En el Senado de la República, el PAN y los opositores a la despenalización a nivel federal deben discutir seriamente la iniciativa presentada por el PRD.
Finalmente, si se presenta el terrible escenario de la violencia relacionada por la despenalización, el Estado mexicano tendrá que actuar con todo el peso de la ley contra los integrantes de los grupos radicales, al tiempo que la Iglesia mexicana tiene mucho que aportar, con una actitud responsable, para impedir que se abra el camino de la violencia.
Como conclusión, tal vez lo que dice la mayoría de los políticos estadounidenses que apoyan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sea la fórmula correcta: “los abortos deben ser legales, seguros, pero escasos”.
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genarolozano@gmail.com
Politólogo e Internacionalista
