El titular de la SSP ordenará investigar a los servidores públicos que intervinieron en los operativos de Oaxaca. (Archivo)
Autoridades investigarán y sancionarán a los servidores públicos que incurrieron en excesos durante el desalojo de plantones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el Senado de la República y las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad Pública (SSP), así como el Gobierno de Oaxaca, aceptaron la recomendación que emitió tras el conflicto magisterial en esa entidad.
Dicha aceptación implica que la SSP, la Sedena y el Gobierno Estatal investigarán y, eventualmente, sancionarán a los servidores públicos que incurrieron en excesos durante el desalojo de los plantones, los enfrentamientos con integrantes del movimiento y la detención de activistas.
De acuerdo con la CNDH, la recomendación “deja en evidencia la pasividad gubernamental y las acciones desproporcionadas de algunas autoridades en aquel estado, que generaron un ambiente en que la ciudadanía quedó atrapada por la violencia política, sin que se le otorgara seguridad”.
En el caso de la Segob, el organismo informó que la dependencia diseñó y estableció mecanismos de concertación que privilegian el diálogo en la solución de conflictos, mientras la Sedena aceptó investigar las responsabilidades en que incurrió su personal y ordenar que las instalaciones militares no se utilicen como centros de detención de civiles.
El Senado aceptó la conveniencia de promover una Ley reglamentaria del Artículo 119 constitucional, el cual establece que “en caso de trastorno interior” en una entidad, los poderes de la Unión tienen el deber de protegerla.
El titular de la SSP ordenará investigar a los servidores públicos que intervinieron en los operativos de Oaxaca y que se presenten ante el Ministerio Público las denuncias penales que correspondan, además que los agraviados reciban atención médica y sicológica especializada y se reparen los daños causados.
La dependencia también deberá establecer programas de selección, formación y capacitación de personal, e iniciar procedimiento administrativo contra Juan Manuel Herrera Marín, entonces comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
El Gobierno de Oaxaca debe ordenar la investigación de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Protección Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia estatal, el inicio de las averiguaciones previas, y la realización de procedimientos administrativos contra los titulares de ambas dependencias, Lino Celaya Luría y Lizbeth Caña Cadeza. La recomendación 15/2007 está aún pendiente de aceptación por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 16 ayuntamientos de Oaxaca, incluida la capital.
Acuerdan maestros instalar nuevo plantón
Los maestros oaxaqueños acordaron instalarse en plantón por tiempo indefinido en el centro de la capital de Oaxaca a partir de hoy lunes, para exigir la libertad de compañeros que están detenidos, dijo ayer su líder, Ezequiel Rosales.
El dirigente explicó en rueda de prensa que esta determinación se tomó en la asamblea estatal del magisterio, realizada el sábado en la noche y agregó que antes de la instalación del plantón indefinido estarán realizando una marcha por las calles de la ciudad de Oaxaca.
Rosales dijo que el plantón “será representativo, sólo estarán participando diariamente un 10 por ciento de los 70 mil agremiados” a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que se suspenderán las clases.
Agregó que en las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación no han solucionado de fondo los problemas del magisterio oaxaqueño como son la liberación de sus compañeros presos a raíz del conflicto que estalló el 14 de junio del año pasado, luego que el gobernador Ulises Ruiz enviara policías para desalojarlos.
Otra exigencia de los profesores oaxaqueños es que sus adversarios políticos (integrantes de una Sección del SNTE) no les han devuelto 188 escuelas, mismas que fueron tomadas a raíz del paro laboral del año pasado, que se agudizó con el fallido desalojo del 14 de junio, dijo Rosales.
Mencionó que entre sus demandas continúa la renuncia del gobernador Ruiz “y castigo a los culpables de la represión sufrida el año pasado”.
“Hasta hoy no hay ninguna persona presa o procesada por el desalojo que sufrimos”, dijo.
Reiteró que tanto los profesores como los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) harán un boicot de las actividades de la Guelaguetza, como lo hicieron hace un año.
