Si usted cree que la trama de la película La Terminal, dirigida por Steven Spielberg y estelarizada por Tom Hanks está lejos de la realidad, temo decirle que está muy equivocado.
En San Diego, a escasos metros de la frontera mexicana en la región Otay Mesa, existe una prisión para inmigrantes en donde por lo menos doce reos han vivido por más de diez años en el limbo legal.
Además en el llamado Centro de Detenciones de Inmigración más de mil reos sufren los peores abusos y violaciones a los derechos humanos tal como si estuvieran en Guantánamo, simplemente por carecer de ciudadanía norteamericana.
Aquí se recluye a inmigrantes que cometieron algún delito y están en proceso para ser deportados a sus países de origen o a indocumentados que reclaman un juicio antes de ser expulsados de Norteamérica.
Hay casos insólitos de inmigrantes originarios de Cuba, Vietnam y Corea del Norte, que no pueden ser deportados porque las relaciones con Estados Unidos son malas o inexistentes.
Pero tampoco se les permite quedarse en territorio yanqui a pesar de haber purgado sus sentencias y tener familiares que puedan acogerlos.
Para colmo ni los políticos ni los medios de comunicación americanos se interesan por ellos, simplemente porque no tienen ese título ?nobiliario? llamado ciudadanía norteamericana.
Hace unos días un abogado activista llamó a un programa de radio en inglés para denunciar la grave situación de este penal, pero el locutor Rick Roberts simplemente contestó: ?Eres un cerdo socialista que no merece ser tomado en cuenta?.
Uno de los casos más representativos de estos abusos es el de Camal Marchabeyoglu, un inmigrante nacido en Alemania de padres turcos, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía un año de edad y obtuvo posteriormente su residencia permanente.
Este señor fue detenido por robo y cuando estaba a punto de cumplir su sentencia se detectó que era residente y no ciudadano. Fue enviado entonces a este centro para ser deportado a pesar de que había residido casi toda su vida en Norteamérica.
Pero Alemania no lo reconoció como ciudadano y menos Turquía. Pasó largos meses en el limbo migratorio hasta que inició una serie de protestas en la prisión, entre ellas dos huelgas de hambre, con el fin de presionar por su liberación.
Hoy el señor Marchabeyoglu está libre y dedicado a denunciar todos los desmanes que ocurren al interior del centro, en especial casos similares al suyo de inmigrantes que no tienen otra patria ni ciudadanía y por lo mismo no pueden ser deportados.
Gracias a estas denuncias el Gobierno de Estados Unidos encargó recientemente una auditoría que confirmó la gravedad de las condiciones del penal y cuyos resultados pusieron a temblar a varias dependencias oficiales.
Se detectó una sobrepoblación de aproximadamente 300 reclusos, escasa atención médica y psiquiátrica, comida de pésima calidad, excesivo burocratismo legal, falta de abogados de oficio y encadenamiento de reos, entre muchas otras anomalías.
La Unión de Libertades Civiles (ALCU), una organización influyente que aboga por la defensa de los derechos humanos, presentó una demanda contra la compañía que administra el penal Correction Corporation of America. De inmediato reubicaron a unos 300 internos, pero nada se sabe del resto de las denuncias presentadas.
En pleno siglo XXI y en el país que pregona por la democracia y la libertad, resulta inconcebible que una prisión viole los derechos humanos con tanta flagrancia e impunidad.
Peor todavía que ni políticos ni medios de comunicación locales intervengan simplemente porque los afectados no son ciudadanos norteamericanos.
Por alguna razón el acoso contra inmigrantes en Estados Unidos nos hace recordar cada vez más a la persecución de los judíos en la Alemania de Hitler.
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