La extradición de quince capos de la droga y el crimen organizado es una acción muy positiva para México y esperemos que también para Estados Unidos.
En una acción sin precedentes, el pasado fin de semana se concretó el traslado a Norteamérica de narcotraficantes tan peligrosos como Osiel Cárdenas Guillén, el jefe del Cártel del Golfo, además de los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, célebres operadores del Cártel de los Arellano Félix en Baja California.
Las extradiciones se dieron bajo un argumento legal simple y justificado: se envían a Estados Unidos en donde son reclamados bajo cargos que prescribirán en años próximos.
México se reserva además el derecho de procesarlos una vez que paguen sus condenas en prisiones norteamericanas.
Los efectos favorables son varios y muy importantes.
En primer lugar México evitará enormes costos en corrupción y violencia que representa juzgar a tan poderosos capos en suelo azteca. Es de todos sabido que Osiel Cárdenas mantenía el control del Cártel del Golfo desde La Palma, supuestamente el máximo penal de seguridad mexicano.
En segundo lugar el Gobierno Federal ahorrará cantidades estratosféricas por estos juicios tan complicados y extensos, tanto por los gastos del aparato judicial como por la seguridad de estos personajes de la delincuencia organizada.
En realidad estas extradiciones son, por decirlo de alguna manera, una oferta jurídica muy atractiva del Gobierno de Estados Unidos y que México se negaba a aprovechar por prejuicios políticos, poco a poco han sido superados.
En el sexenio de Vicente Fox se registraron 63 extradiciones de delincuentes de alta peligrosidad, pero muy pocos de renombre. Uno de ellos fue Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor del clan tijuanense y quien fue llevado a un penal de San Diego unas semanas después de la detención de su hermano Francisco Javier alias ?El Tigrillo?.
Fue en enero de 1996, en el Gobierno de Ernesto Zedillo, cuando el entonces jefe del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego, fue ?entregado? a las autoridades norteamericanas para ser recluido y procesado en una prisión dee Houston, Texas.
La duda sobre si fue o no extradición quedó en el aire. El Gobierno mexicano aclaró en aquella ocasión que García Ábrego era originario de Estados Unidos y que lo ?entregaba? a sus autoridades por delitos cometidos en ese país.
En Colombia el tema de las extradiciones provocó en la década de los ochenta una ola violenta jamás vista. Los narcotraficantes de la talla de Pablo Escobar iniciaron una feroz lucha contra el Gobierno colombiano en represalia a su plan de entregarlos a Estados Unidos.
El plan no se realizó como se esperaba toda vez que varios capos fueron asesinados y otros capturados fuera de Colombia. Pero esto significó el inicio de un combate frontal contra las mafias del narco, infiltradas en todos los niveles de la sociedad con un poder económico y político sin precedente.
Hoy Colombia ha sido transformada. El tráfico de drogas persiste, pero sin el volumen y el índice de violencia e impunidad de antaño.
Por ello, pues, vale reconocer esta acción del Gobierno mexicano al extraditar a los quince capos. Y esperemos que muy pronto sean transferidos al extranjero otros peligrosos reclusos como los hermanos Amezcua Contreras, el ex gobernador Mario Villanueva, Jesús ?Chuy? Labra, entre muchos más, antes que Estados Unidos se arrepienta de recibirlos.
Obviamente el reto y compromiso del Gobierno de México será pulverizar estas redes del narcotráfico y evitar que surjan otros poderosos operadores como ha sido la costumbre por la complicidad e ineficiencia de las autoridades policiacas.
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