La magistrada del Tribunal Agrario admite que en este ámbito jurisdiccional hay abogados o litigantes “mercenarios” que sólo lucran con sus clientes aletargando los juicios.
Como auténticos “mercenarios” se comportan muchos abogados que litigan en el ámbito de la justicia agraria, la mayoría de ellos ex funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) o la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Marcela Gerardina Ramírez Borjón, magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito No. 7 con sede en el estado de Durango, admitió lo anterior y lamentó que en muchos de los casos sus clientes sean los afectados.
Manifestó que lamentablemente sí existen abogados “mercenarios”, que se dedican a iniciar y defender asuntos con fines dilatorios y poco éticos, con el propósito de sacar el mayor provecho y dinero posible a sus clientes.
“Yo invitaría a las partes en un juicio a que se acerquen con nosotros al Tribunal Agrario, o incluso que vayan a la Procuraduría Agraria a pedir asesoría antes de seguir siendo víctima de estas personas”, declaró.
Ramírez Borjón reconoció que la mayor parte de los abogados que participan en la justicia agraria tienen su trayectoria en las dependencias de este sector, y admitió que al conocer las leyes y las lagunas legales lo aprovechan en su favor.
Sin embargo, dijo que en muchos casos estos profesionistas del derecho tratan de retardar los juicios injustificadamente, lo cual consideró que podría implicar cuestiones de falta de ética profesional.
“Quisiera pensar que no buscan litigarlos de por vida para sacar más dinero a sus clientes, sino por la inercia de querer tratar los casos con procedimientos administrativos, como estaban acostumbrados”, expresó.
La magistrada del Tribunal Unitario Agrario de Durango expresó que se hubiera enterado si existieran funcionarios en activo que litigaran al mismo tiempo que trabajan para alguna dependencia del sector agrario en el estado.
Y es que señaló que cuando recién se hizo cargo del Tribunal en esta entidad, hace casi tres años, se percató solamente de un caso donde un residente de la Procuraduría Agraria tenía un manejo “no muy adecuado”.
Sin embargo, reiteró que no hay indicios que supongan corrupción de algún funcionario actual de la Procuraduría o de la SRA o del Registro Agrario Nacional, aunque advirtió que si lo detecta actuará conforme a la ley para contrarrestarlo.
Los detectan
En días pasados El Siglo informó que la Procuraduría Agraria había detectado a ex funcionarios de dependencias agrarias como asesores y promotores de conflictos de tierras en Durango, en muchos de los casos con prácticas dilatorias para obtener un lucro mayor en cada litigio.
El delegado de la Procuraduría Agraria en Durango, Noel Pérez Saláis, admitió que este problema existe, y consideró que un 10 ó 15 por ciento de los asuntos que recibe la institución tienen este origen.
“Hay gente mal intencionada que sólo busca entorpecer, lejos de querer resolver los asuntos. No podemos tapar el sol con un dedo. Esto existe y es real”, denunció el funcionario federal.
Sin embargo, Pérez Saláis hizo un llamado a las partes involucradas en conflictos y litigios agrarios para que no se dejen engañar, pues muchas veces este tipo de abogados alargan los asuntos para sacarles más recursos a sus clientes.
