“La gente que se queja de los impuestos se divide en dos: hombres y mujeres”.
Anónimo
Está ya listo en lo fundamental un acuerdo para una reforma fiscal. Los legisladores del PRI, trabajando con la Secretaría de Hacienda, han preparado una serie de propuestas que modifican algunos puntos de la iniciativa del Gobierno. Los cambios ya tienen el visto bueno del PAN y del PRI.
A estas alturas será muy difícil lograr un periodo extraordinario de sesiones para votar la reforma fiscal antes del primero de septiembre, pero se espera que la legislación definitiva se apruebe antes del 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo debe mandar al Congreso sus iniciativas de Presupuesto y de Ley de Ingresos. Es de esperar que el PRD vote en contra, como ya es costumbre; pero un acuerdo entre el PAN y el PRI sería suficiente para sacar adelante la reforma.
La propuesta del PRI acepta muchos de los elementos de la iniciativa del Gobierno. Ahí está la Contribución Empresarial de Tasa Única, la CETU, sólo que ésta cambia de nombre a Impuesto de Tasa Única. No se trata, sin embargo, de un simple cambio de nombre. En el afán de usar un eufemismo que evite la palabra “impuesto”, temida por todos los políticos, la Secretaría de Hacienda recurrió a la voz “contribución”. Pero en los acuerdos de doble tributación que México tiene con otros países y en especial con Estados Unidos, la palabra que se usa es “impuesto”, por lo que en caso de usar el término “contribución” podría ocurrir que los montos pagados por este concepto en México no fuesen acreditables en Estados Unidos.
El nuevo ITU no incluirá la deducción de salarios que tantas organizaciones y empresas han pedido. La posición de Hacienda es que permitir la deducción de salarios modificaría en lo fundamental la naturaleza del gravamen y lo convertiría simplemente en otro Impuesto Sobre la Renta.
Sí se permitirá, sin embargo, acreditar las prestaciones de ley, como el Seguro Social y el Infonavit, que no estaban considerados en la CETU original. Se ampliará también la base del crédito al salario, para asegurar un efecto neutro sobre los sueldos. En lo demás no se modifican las reglas. Como antes, la tasa única quedará originalmente en 16 por ciento, pero después aumentará a 19 por ciento.
También cambia de nombre el llamado Impuesto contra la Informalidad, el ICI, que ahora se denominará –más correctamente— Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Sin embargo, las reglas propuestas por la Secretaría de Hacienda para este gravamen no se modifican.
Quizá el cambio más importante a la propuesta original de Hacienda ha sido la eliminación de los Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios (IEPS) que deberían cobrar y administrar los gobiernos de los estados. En lugar de ellos, el PRI ha propuesto un nuevo tributo federal de un máximo de 5 por ciento a la gasolina, el gas para consumo de vehículos y el diesel, el cual se entregaría directamente a los estados.
Otro nuevo impuesto negociado por el PRI gravaría las utilidades obtenidas en bolsa, pero solamente aquéllas en las que cambie el control sobre una empresa. De manera informal, ya algunos llaman a éste el impuesto Banamex, porque supuestamente habría resultado en un pago de Impuesto Sobre la Renta en la venta de ese banco a Citibank. No me queda claro, sin embargo, si un impuesto que sólo se aplica a ganancias cuando una empresa cambia de propiedad sería considerado constitucional en un juicio de amparo.
Los legisladores y dirigentes del PRI, por otra parte, han eliminado el absurdo impuesto de 50 por ciento sobre los aerosoles -el gravamen anti-grafitti- con lo cual han evitado también que la Corte tenga que declararlo inconstitucional.
Las modificaciones realizadas por los priistas han reducido el cálculo de lo que se recaudaría por la reforma fiscal de 2.8 a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Pero éste es sin duda un costo muy reducido a cambio de lograr la aprobación de la reforma fiscal impulsada por el presidente Calderón.
Habrá qué ver cuál es el costo político de esta reforma. No hay duda que es fundamentalmente recaudatoria. El mayor costo inmediato recae sobre las empresas; pero subir la carga fiscal a éstas, repercutirá en incrementos en los precios o en una menor inversión y creación de empleos. La verdad es que no hay mayor carga fiscal que no termine pagando, tarde o temprano, el ciudadano común y corriente.
Una parte importante de lo que se recaude con este aumento de impuestos se irá a cubrir los crecientes costos por pensiones de los trabajadores del sector público y los Pidiregas que empiezan a vencerse. Otra cubrirá la previsible disminución en los ingresos petroleros por el agotamiento de Cantarell. El impuesto a los combustibles nutrirá a los gobiernos estatales, que no tienen muy buen historial en el manejo del gasto público. Esperemos que cuando menos una parte mínima quede para inversión en infraestructura y programas sociales.
LAVARSE LAS MANOS
Los priistas están perfectamente conscientes de lo inevitable de un aumento de impuestos, pero hasta el final buscan lavarse las manos. Así, dicen que ellos no propusieron ningún aumento de impuestos; ni siquiera el de las gasolinas. Simplemente, dijo ayer el diputado Jorge Estefan Chidiac, sugirieron una mejor opción al nuevo impuesto de productos y servicios especiales propuesto por el Gobierno panista. Los priistas quieren que los estados tengan más dinero, pero no que se les culpe por los impuestos para ello.
