Mientras que los gobernadores, reunidos en Tlaxcala con el presidente Felipe Calderón, impulsan una nueva reforma hacendaria bajo un moderno esquema de coordinación fiscal que les permita tener voz y voto en cuanto a la asignación de los recursos federales, los municipios de tres estados (Yucatán, Tlaxcala y Coahuila) enfrentan una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Federal, al través de la Procuraduría General de la República, con el fin de que la Suprema Corte declare la ilegalidad del cobro del impuesto por alumbrado público que recaudan los municipios de estos estados al través de sus leyes de ingresos.
Jurídicamente la Federación tiene rezón. Ese impuesto es inconstitucional y casi con seguridad la Corte lo echará abajo, pues existen criterios antiguos del propio Tribunal en ese sentido.
Lo lamentable, es que para esos municipios, el no cobrar ya ese impuesto les representa, por ejemplo en el caso de Torreón, dejar de percibir alrededor de cuarenta y cinco millones de pesos al año.
En otros términos, la Federación no sólo no apoya con más recursos a estados y municipios, sino que impide que estos últimos se hagan de dinero, por la vía comentada.
En el caso de Coahuila, no todos los municipios de la entidad cobran ese impuesto, pero sí, como lo señalamos, Torreón. De ahí que el alcalde José Ángel Pérez Hernández, haya declarado con preocupación que de fallar la Corte en contra de los municipios, eso significará un ?impacto muy fuerte para éstos?.
Aunque los ministros de la Corte suelen cambiar de criterios con cierta facilidad, como afirmamos, casi podríamos asegurarle al alcalde que fallarán declarando la ilegalidad del impuesto.
Como la incertidumbre es peor que la certeza, más le vale al Ayuntamiento colocarse en el peor escenario y buscar la forma de remediar el efecto que puede derivar de una resolución negativa.
Desde hace muchas décadas se sabe que ese impuesto es inconstitucional y aún así, los congresos locales lo aprobaban, sabedores de lo que representaba para los ayuntamientos que así lo pedían. Pero, ahora, la Federación metió la cola y echará a perder el guiso.
¿Qué les queda a los municipios que se encuentran en esta situación? Dos acciones. Una, exigir a los estados para que éstos a su vez le exijan a la Federación recursos especiales que les permitan aligerar el quebranto colgándose de la liana que ya lanzaron los gobernadores en Tlaxcala.
Otra, al tiempo que defienden mediante alguna falacia bien armada la constitucionalidad del impuesto, idear una forma distinta de cobrarlo. Esto es, elaborar una nueva hipótesis impositiva que no vulnere los principios de proporcionalidad y equidad, para sacarle la vuelta al escollo constitucional.
Porque una vez que se produzca la resolución, si es negativa, los congresos tendrán que derogar ese apartado de las leyes de ingresos y el municipio ya no podrá cobrar el impuesto, si no es que hasta tendrá que devolver lo cobrado.
Habría que armar una mesa de trabajo compuesta por abogados y fiscalistas, para que vayan pergeñando una nueva forma legal de cobrar ese impuesto.
Pero como comentamos, así como existe la Conago, hay una Asociación Nacional de Municipios al través de la cual se puede ejercer presión para obtener mayores recursos económicos para los ayuntamientos.
El municipio es la instancia gubernamental que de primera mano se enfrenta a la problemática social y para la que hay menos recursos. Al alcalde le toca enfrentar todos los reclamos sociales con la misma cantidad de recursos y por eso nunca les alcanza.
Lo dicho en otras ocasiones: No hay chamba más infame que la de alcalde. Pero algo tendrá, que tantos buscan desempeñarla.
El Municipio Libre fue una de las grandes aspiraciones del Constituyente de Querétaro. Pero desde el 17 a la fecha, no se ha podido lograr efectivamente. Porque para ser en verdad libre, se requiere sin lugar a dudas autonomía financiera y el municipio siempre anda en la quinta porque no hay sexta.
Algo tendrán que hacer los municipios a los que eventualmente les pegará esa resolución para salvar la situación. Y para ello, todos los que en ellos habitamos debemos de estar dispuestos a hacer algo para ayudar a que no vayan a la quiebra, porque ello repercutiría en los servicios que nos presta. Aunque fuera seguir pagando el impuesto voluntariamente. Torreón bien vale que sigamos como hasta ahora. Es en beneficio de todos.
