La propuesta presentada en la Cámara de Diputados federal, por el diputado Carlos Bracho, ha puesto de nueva cuenta en el tapete de las discusiones la posible creación del estado de La laguna.
Como es bien sabido, esa pretensión es antigua, lo que no le resta méritos al intento. Pero consideramos que es importante que la ciudadanía esté informada de los trámites jurídicos que se tendrían que efectuar para alcanzar ese objetivo.
Quiero de entrada puntualizar que antes que todo, soy coahuilense y defiendo mi identidad, por encima de todo. Eso no quita mi origen lagunero, pero no por ello se debe perder la objetividad que el asunto amerita.
En primer término conviene decir que la decisión de crear un nuevo estado corresponde al Congreso de la Unión, en conjunto con las legislaturas de los estados involucrados.
La forma de crear un nuevo estado, la contempla la Constitución General de la República en su Artículo 73, en el que le confiere facultades a ese órgano colegiado para legislar en esa materia.
La fracción III, contempla paso a paso, las fases que hay que cumplir para tal efecto.
Así, el párrafo primero de dicho precepto estable que, el primer requisito es que las fracciones territoriales que desean convertirse en nuevo estado, tengan cuando menos una población de 120 mil habitantes.
El párrafo segundo, establece que hay que demostrar que se tiene los elementos “bastantes para proveer a su existencia política”.
La tercera establece que deberán escucharse a las legislaturas de los estados involucrados, las que dispondrán de seis meses para emitir su informe, a partir de la fecha de notificación.
Que se escuche al Ejecutivo federal, el cual dispone de 7 días para formular su opinión al respecto.
La decisión deberá ser votada por las dos terceras partes de las cámaras federales y ratificada por la mayoría de las legislaturas locales del país.
Si las legislaturas de los estados involucrados (en este caso Coahuila y Durango) se oponen o no manifiestan nada en el término que para tal efecto se les dé, las demás legislaturas deberán aprobar el dictamen por las dos terceras partes de las mismas, para que sea procedente.
Como se advertirá, el trámite no es sencillo y las votaciones para su aprobación son complicadas, pues no basta la simple mayoría.
Eso significa que se requeriría de un amplio consenso entre los diputados y senadores para lograr esa votación, lo que no es nada fácil en las condiciones actuales, dada la composición de los grupos parlamentarios.
Pero además de los requisitos jurídicos, están los políticos. Sin necesidad de llegar al punto en que ya hubiera sido aprobado, es lógico preguntarse: ¿Dónde estaría la capital del nuevo estado?. ¿En Torreón?. ¿Qué pensarán de ello los otros municipios involucrados?.
Un paso obligado sería el llevar a cabo una consulta entre los electores de los municipios involucrados para ver si están de acuerdo con el proyecto. Tengo para mí que la respuesta sería negativa.
Claro que el hacer esa consulta y de resultar positiva, sería un punto de apoyo indiscutible y un argumento fabuloso frente al Congreso de la Unión y los locales.
Tenemos que admitir que, por ejemplo, Gómez Palacio y Torreón son comunidades contiguas pero distintas.
Los grupos políticos de uno y otro lado del Nazas están desarticulados y con facilidad entran en antagonismos. Otro tanto sucede con los grupos empresariales y comerciales. ¿Cómo armonizar esos intereses?.
Es lógico esperar que los congresos locales se opongan a esa determinación. Lo que introduce automáticamente un ingrediente de mayor dificultad.
Por qué no mejor pensar en unir esfuerzos. El buscar el desarrollo armónico en conjunto de todos nuestros municipios en las condiciones que se encuentran actualmente.
Puedo suponer que Bracho presentó la iniciativa, como un compromiso de campaña y en eso el diputado está cumpliendo. Pero debemos ser realistas y estar conscientes de todo lo que ese proyecto implica.
A nadie le gusta que le cercenen su territorio.
Pensemos mejor en cómo podemos conjuntar esfuerzos para abatir rezagos en los municipios más pobres de la Comarca, partiendo de la base de que el ser coahuilense o duranguense, no debe ser una motivo de desunión.
Por mi parte, insisto, nunca dejaré de sentirme coahuilense sin abandonar el apego a la tierra que me vio nacer.
