El sábado 19 de mayo por la mañana circuló el último vehículo por el Distribuidor Vial Revolución (DVR). Con el cierre de los cuatro viaductos se cerró también un capítulo más de la vergonzosa historia de la obra de infraestructura vial más ambiciosa que se haya construido en La Laguna. En cuestión de meses, los cuatro ejes del DVR serán desmantelados por completo y sobre sus ruinas se construirá un nuevo complejo totalmente distinto. Pero esto no termina aún. Está pendiente el deslinde de responsabilidades por este gran fraude a la ciudadanía y el castigo a los culpables de este gigantesco error de obra pública que tanto ha costado a los habitantes de Torreón en los últimos tres años.
La tarde del viernes 30 de enero de 2004 todo era júbilo. La expectación acumulada en torno a la “magna obra” del sexenio de Enrique Martínez desembocó en una pomposa inauguración, con gran despliegue tecnológico y fuegos de artificio, que sorprendieron a los asistentes. En medio de la algarabía, el entonces gobernador de Coahuila aseguró que el DVR era una obra para cien años. Pero la felicidad y el orgullo no duraron más de una semana.
El 7 de febrero un joven de 22 años falleció luego que el tráiler en el que viajaba como copiloto cayera de uno de los viaductos. Este trágico accidente prendió los focos rojos en un sector de la ciudadanía, pero no en el Gobierno del Estado. Ante los cuestionamientos, el entonces secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Jorge Viesca, emprendió una férrea defensa de la calidad y seguridad de obra, sobre la cual aseguró que estaba hecha “a prueba de peritajes”.
Pero el 13 de mayo ocurrió otro accidente. La caja trasera de un tráiler de doble remolque cayó desde uno de los viaductos, mientras que el tractor y la otra caja quedaron sobre el puente. Afortunadamente en este percance no hubo pérdidas humanas, sólo materiales. Las dudas en torno a la seguridad del DVR crecieron y la presión obligó a las autoridades estatales a reconocer que antes de la inauguración habían realizado algunos “ajustes” a la obra, pero aseguraron que no había problema ni fallas. Para acallar un poco los cuestionamientos de un sector de la Iniciativa Privada y del gremio de los transportistas, el Gobierno del Estado anunció que se realizaría una “tercería” al DVR, la cual correría a cargo del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En julio y agosto de 2004, El Siglo de Torreón publicó sendos reportajes, sustentados en estudios y la propia bitácora de obra, en donde se explicaban pormenorizadamente los errores durante el proceso de construcción del DVR que derivaron en la deformación de los viaductos, la cual impidió que los peraltes de las curvas no alcanzaran la altura necesaria para garantizar una circulación vehicular segura a 60 kilómetros por hora. Ante la evidencia, el tema se polarizó y la polémica empezó a subir de tono. La postura de la Secretaría de Urbanismo se endureció al grado de caer en la necedad de no admitir ningún señalamiento.
En febrero de 2005, un día antes de que se dieran a conocer los resultados de la “tercería” de la UNAM, El Siglo de Torreón publicó un tercer reportaje en donde se advertía que los viaductos seguían perdiendo peralte pese a las correcciones ordenadas, aunque no reconocidas, por el Gobierno del Estado. A esas alturas, las dudas eran tan grandes que ni el dictamen técnico, presentado el 25 de febrero por los investigadores de la UNAM, que avalaba la calidad y seguridad de la obra, logró desaparecerlas. La Secretaría de Urbanismo inició entonces una campaña para desacreditar cualquier voz crítica.
Pero la realidad no tardó más de seis meses en imponerse de nuevo: el 28 de agosto de 2005, otro tráiler cayó desde uno de los viaductos. El chofer sufrió severas lesiones que le ocasionaron la muerte en el hospital. Los argumentos del Gobierno del Estado se derrumbaron, al igual que la confianza ciudadana en la obra diseñada por la empresa BM de México, construida por Acolsa y supervisada por Coordina.
El silencio oficial de los últimos meses de la Administración de Enrique Martínez terminó una vez que Humberto Moreira asumió la gubernatura en diciembre de 2005. El nuevo Gobierno mandó realizar una nueva “tercería” al DVR, esta vez a manos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuyos resultados se dieron a conocer el 16 de mayo de 2006. El dictamen de la UANL fue contundente: en vez de rehabilitar los cuatro viaductos, habría que demolerlos y construir un nuevo distribuidor vial. La nueva Administración estatal dispuso también en ese entonces la apertura de procesos penales y administrativos para el deslinde de responsabilidades.
Un año después del dictamen de la UANL, el 15 de mayo de 2006 el Gobierno del Estado ordena el cierre total del DVR, el cual se concretó el sábado pasado cuando el tsuru blanco de María Teresa Padilla recorrió por última vez el complejo vial, 40 meses después de la majestuosa inauguración de la “magna obra” que a la postre se convirtió en uno de los más grandes engaños a la ciudadanía de Torreón, por parte de una Administración estatal.
El saldo de esta ominosa historia es insultante: dos muertos y más de 200 millones de pesos, incluyendo el costo original de la obra, los estudios y las reparaciones, a los que habrá que sumar los 180 millones proyectados para la demolición y la reconstrucción del DVR. Pero el último capítulo no se ha escrito todavía. Queda pendiente el castigo a los responsables de este fraude, que por ningún motivo debe quedar impune y falta ver el destino de las miles de toneladas de desperdicio que producirá el desmantelamiento de la “obra para cien años” que ni siquiera llegó al lustro.
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