El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano admitió la demanda de la CNDH que interpuso contra el aborto. (Archivo).
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, admitió a trámite el juicio que promovió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, en contra de las recientes reformas realizadas en el Distrito Federal para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
Se prevé que sea hasta hoy miércoles cuando el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también admita el juicio que promovió el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, para pedir la anulación de las mismas reformas.
Como primera medida, el ministro Aguirre emplazó a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que contesten la demanda que promovió en su contra el Ombudsman nacional.
Aguirre le solicitó a la Asamblea Legislativa que le envíe “copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de la Comisión correspondiente y las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado las normas impugnadas y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo”.
Una vez admitido el juicio de acción de inconstitucionalidad el ministro se encargará de recopilar los argumentos de las partes en conflicto para proceder a realizar un proyecto de sentencia que ponga a consideración de sus compañeros del Pleno de la SCJN, para lo cual no hay un plazo establecido.
Pero el último caso en el que la SCJN trató el tema del aborto, al revisar la llamada Ley Robles, los ministros tardaron año y medio en resolver el juicio.
Por este motivo se estima que la Corte se pronuncie sobre el juicio promovido por la CNDH y el procurador hasta el 2008.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó ayer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de que ha sido llamada a juicio por las dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de las reformas aprobadas a la Ley de Salud y el Código Penal del Distrito Federal que despenalizan el aborto.
Ante ello, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa acordó asumir la defensa jurídica e institucional de las reformas aprobadas.
