El principal problema es el hacinamiento; de él se deriva la falta de atención médica y la lucha por los espacios, que propicia la violencia, asegura la CNDH.
Primera de dos partes
EL UNIVERSAL
MÉXICO, DF.- El sistema carcelario continúa en agonía. Las injusticias se añejan en los archivos de los consejos técnicos de los penales. La encuesta Delincuencia, Marginalidad y Eficiencia Institucional, realizada por académicos, y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son prueba de que el infierno está en las cárceles.
Según la encuesta realizada por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, más de 70 por ciento de los reos del Estado de México y el Distrito Federal aseguró sentirse menos seguro en la cárcel ?en la que supuestamente se rehabilitará? que en el lugar donde vivía antes. Más de 50 por ciento, en promedio, dijo haber sido robado por lo menos una vez en la prisión y más de 20 por ciento afirmó sentirse nada seguros en su celda.
La encuesta, que en los próximos días será entregada a las autoridades de penales del Distrito Federal y el Estado de México, fue aplicada a mil 200 internos de ambas entidades. Dice uno de sus autores, el investigador Marcelo Bergman, que el estudio incluyó 300 preguntas y dos de sus ejes fueron las condiciones dentro de la prisión y los grados de violencia.
En los resultados tres de cada cuatro internos aseguraron que sábanas, cobijas, ropa y calzado los llevaban sus familiares, no las autoridades del penal y que además cerca de 450 internos aseguraron que sus familiares tienen que dar una ?mordida? para que les permitan ingresar los insumos; 90 por ciento dijo que la comida era regular, mala o muy mala.
La prueba más palpable del fracaso del sistema carcelario en México lo arroja el documento que la CNDH dio a conocer el 20 de diciembre pasado y que, en una escala del uno a diez, calificó con 5.92 las condiciones en 191 centros de internamiento (76 por ciento del total de cárceles en el país).
?El sistema está reprobado, pero el diagnóstico, más que señalar esto, sirve de guía para mejorar las condiciones del sistema?, dijo el tercer visitador, Andrés Calero.
El funcionario aseguró que el principal problema es el hacinamiento y que de éste se deriva la mala condición de los centros, la falta de atención médica y la lucha de poder por los espacios, cobijas y ropa, que propician la violencia.
Otro de los problemas, dice Calero, es el autogobierno: los internos toman las decisiones que corresponden a las autoridades y los reclusos son los que aplican las sanciones o los beneficios.
En los derechos que garantizan una estancia digna y segura, la calificación a escala nacional fue de 6.22, pero en los que garantizan su integridad física y moral reprobaron con 5.33.
El diagnóstico se basó en el espacio para los internos y en las condiciones materiales en los espacios de segregación.
Dice el investigador Marcelo Bergman: ?En el sistema se percibe una profunda injusticia, en las cárceles no están los más peligrosos, sino los más vulnerables. Las cárceles están llenas de pobres que no pueden pagar para escapar de ese sistema. Lo que se detectó con la encuesta es la consecuencia de una política de encarcelar a lo tonto?.
En 2002, en un informe de la CNDH, se divulgó que en el módulo de máxima seguridad del Reclusorio Varonil Oriente los internos tenían que hacer sus necesidades en una cubeta. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006 consideraba la ?dignificación y renovación integral del sistema penitenciario para garantizar una rehabilitación efectiva de los reclusos?.
El diagnóstico de la CNDH se llevó a cabo en cárceles de todo el país, aunque por razones de seguridad no lo aplicaron en las cárceles de máxima seguridad. ?El informe se elaboró con material de 28 comisiones estatales de derechos humanos, ya que no se contó con información de las comisiones de Michoacán, Morelos y Oaxaca, así como el DF?, dijo el ombudsman José Luis Soberanes.