Tras la aprobación de una iniciativa de ley que despenaliza y promueve el aborto en el Distrito Federal, ahora la bancada perredista en el Senado de la República va por la aprobación de lo que se ha dado el llamar “eutanasia pasiva”.
Por eutanasia se entiende la supresión deliberada de la vida humana, con el pretexto de evitar a un enfermo terminal los sufrimientos que implica la agonía previa al tránsito al que todos somos llamados.
La eutanasia corresponde a un insistente paradigma contracultural, promovido en la película Mar Adentro (2004) de Alejandro Amenabar, Million Dollar Baby (2004) de Clint Eastwood, y otros ejemplos cinematográficos que han proliferado en los últimos tiempos.
En todos los casos se trata de historias que por su dramatismo extremo, carente de contrapesos compensatorios o esperanzadores, llevan obligadamente al espectador a justificar el homicidio por razones de piedad hacia la víctima.
Esta forma de eutanasia es inadmisible, al menos que quien tome la decisión tenga el atrevimiento de asumir poder de vida y muerte sobre sus semejantes.
Por el momento los senadores perredistas no llegan al extremo de promover esta alternativa; proponen la posibilidad de retirar los auxilios médicos artificiales que prolongan innecesariamente el sufrimiento a un enfermo desahuciado y que no brinden alternativas ni de restablecimiento ni de alivio.
Esto último no es eutanasia ni siquiera “eutanasia pasiva”. La denominación se debe evitar, para no incurrir en equívocos que nos lleven a que la regulación propuesta, constituya un escalón para más adelante promover la eutanasia lisa y llana que como tal, es un homicidio también liso y llano.
La posibilidad de decidir sobre el tratamiento médico es un derecho del paciente, que desde luego no implica disponer de la vida propia. Es una prerrogativa del enfermo sobre la intimidad de su persona y por tanto, resulta indebido que la ley el Estado o el Gobierno incursionen en dicho terreno, por lo que la iniciativa perredista a este respecto invade la vida privada de los ciudadanos y como tal no debe ser aprobada.
En forma por demás acertada y pertinente, el artículo 2998 del Código Civil de Coahuila reconoce la posibilidad de que una persona conceda un mandato o poder a otra, para que tome decisiones sobre el tratamiento médico y el cuidado de quien otorga el poder, aún cuando este último quede incapaz por efecto de la propia enfermedad.
Al regular lo anterior el Código en cita da por supuesto el derecho del interesado a decidir sobre su propio tratamiento y cuidados, sin que el Estado se haya atrevido en este caso a sugerir que dicha facultad requiera estar prevista en una ley o derive de un permiso o concesión del poder público.
Contrario a lo que ocurre en la legislación de Coahuila, la iniciativa perredista plantea una especie de autorización del Estado para que el enfermo o sus representantes, asistidos por consejo de los médicos responsables, decidan suspender el tratamiento por resultar inútil frente a la fatalidad del desenlace mortal.
La intención de los perredistas es clara. Están obsesionados en invadir la privacidad de las personas y derrumbar y erigir paradigmas culturales para hacer una sociedad a su medida ideológica, lo cual dista de ser democrático y acusa una tendencia totalitaria.
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