TORREÓN, COAH.- Ismael Ramos Flores, secretario de la Función Pública de Coahuila, aseguró que al Gobierno del Estado “no le temblará la mano” para fincar responsabilidades por las fallas cometidas en el proceso de construcción del Distribuidor Vial Revolución (DVR).
Además de garantizar que no habrá impunidad en este caso, también dijo que se tiene una certeza total de que el daño causado al erario por esta obra mal hecha y que tuvo un costo de 140 millones de pesos, será resarcido por los responsables, aunque eso implique la utilización de mecanismos de ejecución fiscal de sus propiedades privadas.
Se fincarán cargos en tres vertientes: administrativa, penal y civil. Y dijo que “es cuestión de algunos días para dar a conocer los resultados de las averiguaciones con sus respectivas penalidades, pues estamos trabajando conjuntamente la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia”.
Luego de la comparecencia del ex secretario de Obras Públicas del Estado, Jorge Viesca, hace 15 días, aseguró que se concluyó la fase de entrevistas a quienes participaron en la obra, “desahogamos la entrevista de cada uno de ellos sobre diversas situaciones del DVR”.
Dijo que a cada uno de los responsables se les notificará en tiempo y forma su responsabilidad en este caso.
Hace quince días el gobernador del Estado, Humberto Moreira, declaró que en el mes de agosto comenzaría la demolición del DVR para dar paso a la construcción del nuevo complejo vial. Dijo entonces que el costo aproximado de la obra sería de 220 millones de pesos.
A este respecto Ismael Ramos señaló que los tiempos fijados por el gobernador no riñen con las fechas para dar a conocer los resultados de las averiguaciones que realizan tanto la Función Pública como la Procuraduría de Justicia del Estado de manera que “ahora para agosto no habría problemas por echar abajo lo que se considera la prueba del delito”.
Para Ramos Flores, la muestra de que al gobernador le interesa mantener la credibilidad de los ciudadanos que se han visto afectados por esta obra mal hecha, es que ante el dictamen del Grupo de Ingenieros Militares Asociados (GIMA), de la Ciudad de México, respecto al grado de riesgo de la mayoría de los viaductos del DVR, “se ordenó a través de Protección Civil su cierre inmediato y pese a las molestias que esto ocasionó, se valoró la seguridad pública general”.
