Llaman a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los comunicadores.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la grave situación de inseguridad que viven los periodistas y comunicadores en México.
Señaló que es alarmante y creciente el número de asesinatos, agresiones y amenazas de periodistas mexicanos. Por ello, urgió al Estado a investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes y adoptar medidas inaplazables para garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación.
En un balance que dio a conocer ayer al concluir su periodo ordinario de sesiones -que se celebró del 16 al 27 de julio del 2007-, la CIDH agregó, sin embargo, que reconoce los avances normativos y jurisprudenciales recientes sobre el derecho a la libertad de expresión en México, entre ellos, “los esfuerzos del Estado mexicano para mejorar las leyes sobre la materia” como la Ley Federal de Radio y Televisión.
El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Ignacio Álvarez, informó que hará una visita de trabajo a México en los próximos meses y ofreció asesoría técnica a la comisión legislativa que trabaja en la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión, luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucionales algunos artículos de dicha normatividad.
Aumentan denuncias
En lo que va de esta Administración, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han integrado 49 expedientes por agresiones o amenazas a periodistas, lo que implica que se ha superado la tendencia de la gestión foxista, que registró un promedio de 45 casos por año y que hasta ayer reporta la mayor incidencia de ataques contra comunicadores desde 1988.
Así lo revela un estudio del organismo, que indica que tan sólo del año 2000 a la fecha, los ataques a la libertad de expresión se traducen en 33 homicidios de periodistas; mientras que en los dos últimos años se ha reportado la desaparición de seis comunicadores, en 14 estados del país que representan “focos rojos” en violaciones a las garantías de este gremio.
Un estudio del organismo, elaborado como parte del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, detalla que el 78.5% de las quejas presentadas por comunicadores implica a integrantes del poder público como responsables.
A partir de 1999 a la fecha, de los 369 casos registrados por la CNDH, en el 39% se vincula a autoridades con las agresiones o amenazas, funcionarios de las procuradurías de justicia locales y de la Procuraduría General de la República (PGR), que son mencionados en 147 casos, de los cuales 67 se relacionan con esta dependencia federal.
Otros 30 casos están relacionados con elementos de seguridad pública del país, de los que en 18 se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal; mientras que en 13 expedientes más se menciona a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En 21% de los casos -80 expedientes-, las quejas se presentaron contra servidores públicos de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y de los ayuntamientos del país; y se reportan 16 más en los que las violaciones a las garantías se asocian con la Secretaría de Gobernación.
