“En muchos sentidos, Al es el mejor ejemplo de que el ‘sueño americano’ se puede hacer realidad”. Con estas palabras el presidente George W. Bush ungía como fiscal general a su viejo amigo, Alberto Gonzales, aquella mañana del diez de noviembre de 2004, cuando decidió convertirlo en el supersheriff, en el brazo ejecutor de la justicia y en el máximo responsable del FBI.
Alberto Gonzales, el hijo de unos inmigrantes mexicanos que llegaron hace más de medio siglo a Estados Unidos, sin otra cosa que la ropa puesta y un hatillo lleno de tortillas de maíz, alcanzaba así la cúspide de su carrera que inició en las polvorientas calles de Humble, un barrio humilde enclavado en la zona de las refinerías petroleras de Houston, Texas, a comienzos de los sesenta.
Al, el hispano converso, la encarnación del “sueño americano”, el niño que acarició sus anhelos de éxito desde una casa poblada con inmigrantes de nebuloso pasado, sin teléfono ni agua corriente. El chico que a los 12 años vendía perritos calientes en un estadio de Houston para ayudar a su familia y se graduó en Derecho en Harvard 14 años después -previo paso por la Academia del Ejército del Aire-, hasta convertirse en el funcionario hispano de más alto rango en la historia estadounidense.
‘VIEJA ALIANZA’
El ascenso a la cúspide de Alberto Gonzales no se entendería sin la vieja, aunque poco explorada alianza de este joven y ambicioso abogado, con el clan de los Bush. En particular con George W. Bush hijo, desde los tiempos en que éste contendía por la gubernatura de Texas. Sería precisamente Alberto Gonzales la mano providencial que ayudaría en 1996 al ya por ese entonces gobernador a eludir la obligación de actuar como jurado en el caso de un acusado de conducir borracho.
Alberto Gonzales sabía del interés particular de gobernador George W. Bush por escurrirse de su obligación como jurado. El miedo a un interrogatorio, que desenterraría aquel escabroso episodio de 1976, en Kennebunkport, Main, cuando fue detenido por conducir en estado de ebriedad, malograría sus posibilidades de reelección en 1998.
Los lazos de amistad de Alberto Gonzales con el clan de los Bush se reforzarían con su reconocimiento como el abogado de George W. Bush Jr., y posteriormente desde el ámbito empresarial, como socio de Vinson & Elkins, una firma legal vinculada a los intereses de Enron y Halliburton, dos de las empresas que más se han beneficiado a través de estafas multimillonarias y jugosos contratos durante la era Bush.
Los nexos de Alberto Gonzales con la empresa de servicios petroleros Halliburton, que financió sus campañas para convertirse en miembro del Tribunal Supremo de Texas (en el sistema judicial estadounidense los jueces son elegidos en las urnas), nunca han sido del todo esclarecidos. Sólo se sabe que en la segunda mitad de los 90 el Tribunal Supremo de Texas, del que formaba parte Alberto Gonzales, ventiló cinco casos contra Halliburton y en todos ellos siempre ganó la empresa.
También se sabe que en 1997 George W. Bush designó a Alberto Gonzales secretario de Estado de Texas y dos años más tarde, con apenas 44 años, le convirtió en uno de los más jóvenes miembros del Tribunal Supremo local.
Cinco años después, el presidente George W. Bush volvía a llamar a su amigo Al Gonzales para invitarlo al despacho oval de la Casa Blanca y nombrarlo fiscal general de la nación:
“Concédanme una oportunidad para probarme a mí mismo, ésa es la plegaria habitual entre la gente de mi comunidad. Señor presidente, gracias por la oportunidad”, fueron las palabras que, colmadas de emoción, pronunció Gonzales en el momento de su designación como el máximo custodio de la Ley en Estados Unidos.
OPORTUNIDAD PERDIDA
Tres años más tarde son muchos los que hoy lamentan la oportunidad perdida por este hijo de inmigrantes mexicanos, en medio de un escándalo que lo vincula con la destitución de ocho fiscales que figuraban en la lista negra de la Casa Blanca -una trama que amenaza con hacer naufragar el mandato del presidente George W. Bush- y lo ha convertido, en el seno de su propia comunidad, en el peor ejemplo de un “hispano exitoso” en Estados Unidos.
“Es una pena, porque (Alberto) Gonzales llegó a Washington como un hombre de confianza de Bush, con tendencias políticas moderadas en áreas sociales como inmigración. Incluso él era una posibilidad interesante para un hipotético nombramiento a la Suprema Corte de Justicia. ¡Qué contraste con este momento!”, se ha lamentado desde sus páginas editoriales el influyente diario hispano La Opinión, para sumarse al coro de voces que han exigido su fulminante destitución.
“Los hechos pusieron a prueba a Gonzales, dando lugar así a las dudas que hasta hoy cuestionan más que nunca su permanencia como secretario de Justicia”, sentenció el diario angelino.
Por ironías del destino, el hijo de inmigrantes mexicanos que hoy ocupa el más alto cargo de responsabilidad en Estados Unidos se ha convertido también en el azote de millones de indocumentados. Su respaldo al Acta Patriota, que permitió la detención indefinida de cientos de inmigrantes tras el 11-S, trajo consigo una de las más duras y aciagas campañas de acoso, detención y expulsión de indocumentados a quienes hoy se asocia con criminales y terroristas:
“Tenemos el problema de personas que están aquí ilegalmente y como el primer agente de la Ley de la nación, es mi obligación hacer cumplir las leyes”, aseguró recientemente Alberto Gonzales, en defensa de las campañas de redadas que se han extendido por todo el país.
