Antonio Olivas dijo que el Municipio continuará con la defensa de los empleados ante la justicia federal
CD. LERDO, DGO.- Como injusta y desproporcionada califica el alcalde, Antonio Olivas Ibarra, la fianza fijada por la liberación de los tres empleados municipales que recuperaron su libertad la madrugada de ayer, luego de haber sido recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, por un presunto delito electoral, la cual rebasó los 90 mil pesos. Advierte que la Presidencia Municipal continuará con la defensa de los trabajadores ante la justicia federal.
En rueda de prensa, el edil y Jaime Van Der Elst Amador, titular de Transparencia Municipal y abogado de los empleados, manifiestan que no se comprobó el delito de robo, como lo había señalado el Ministerio Público, ya que la juez tercera del Ramo Penal, Margarita Peralta Caballero, lo reclasificó como desvío de recursos, “aunque de cualquier manera la administración de la justicia deja mucho qué desear”.
Lo anterior con relación a la acción penal emprendida por la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Durango en la Región Lagunera, en contra de Luis Álvarez Castor, Carlos Alberto Bañuelos Martínez y Juan Felipe Ruelas Rojas, de 36, 31 y 30 años de edad, respectivamente.
Los tres empleados de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Lerdo fueron acusados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como presuntos responsables del delito de robo de propaganda electoral y quienes fueron detenidos por elementos de la Dirección Estatal de Investigaciones (DEI), al filo de la media noche del jueves de la semana pasada.
“No existe el delito de robo agravado ni de ningún tipo. Hubo reclasificación de acuerdo al Artículo 452 del Código Penal del Estado y somos respetuosos de la juez penal, pero creemos que el caso se politizó”, señala el abogado.
El proceso continúa y se trabaja ya en la tramitación del amparo y existe confianza en la justicia federal para revocar la sentencia de la juez penal, “quien además fijó la fianza más elevada, ya que va de 200 a 400 días de salario y optó por la última”.
Tanto el alcalde como el abogado, consideran que existió “mano negra” en este asunto, pues aseguran que no hubo ningún tipo de delito, toda vez que los trabajadores colocaban los pendones que habían retirado 24 horas antes para el homenaje al piloto lerdense, Francisco Sarabia.
Mientras el caso se resuelve, los tres empleados tendrán que acudir cada semana al Cereso a firmar, toda vez que el expediente penal continúa abierto.
Segundo revés
La reclasificación del delito de robo con la agravante de ser cometido por más de dos personas, a delito electoral y por el cual lograron salir libres bajo fianza tres empleados del Ayuntamiento de Lerdo, es el segundo revés que recibe la Subprocuraduría General de Justicia del Estado en la Región Lagunera de Durango, en poco más de un mes, por parte de los juzgados penales en la localidad.
“Ésta sería la segunda ocasión en que los jueces emiten una resolución totalmente ajena a una realidad, como lo es en este caso, que es un delito de robo que nada tiene que ver con la resolución del juez, totalmente fuera de base”, señaló Ernesto Fernández Pérez, director de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría.
Lo anterior refiriéndose al dictamen emitido por Juana Margarita Peralta Guerrero, titular del juzgado tercero de lo penal, quien la noche del jueves señaló que no existían elementos para establecer el delito de robo, pero sí para considerar que se incurrió en un delito electoral, en contra de los empleados municipales de Lerdo, quienes lograron su libertad bajo fianza por no ser un delito grave.
Y es que durante la gestión de Arturo Sánchez como subprocurador de Justicia, ya son dos ocasiones en que los juzgados penales no concuerdan con el Ministerio Público.
El hecho anterior es del pasado nueve de mayo, cuando el juzgado segundo de lo penal les negó la solicitud de arraigo en contra de Esteban Soto Camarena, esposo de Rocío Arcaute García, quien fue encontrada sin vida y decapitada a principios del mes de mayo. Situación por la cual Soto Camarena obtuvo su libertad, luego de casi una semana detenido en calidad de presentado.
Sobre la resolución de Peralta Guerrero, Fernández Pérez manifestó que iniciarán la revisión de la reclasificación del delito para definir si habrán de apelar dicha decisión o no, pues considera que no está fundamentada.
