Felipe Calderón ha corrido con la enorme fortuna de no tener enfrente a una oposición política en las calles. No es poca cosa, considerando que literalmente tuvo que entrar por la puerta trasera para rendir protesta en el Congreso. Muchos daban por descontado un arranque accidentado y brotes de ingobernabilidad en los primeros meses. Más de algún analista planteaba la posibilidad de que las protestas generalizadas impidieran a Felipe sobrellevar su sexenio.
Lo cierto es que durante 100 días Calderón ha podido gobernar sin más contratiempo que las esporádicas mantas que de vez en vez se aperciben en los muy controlados eventos públicos. Un visitante extranjero que hubiese constatado los escenarios incendiados de Oaxaca y Atenco y las enconadas protestas post electorales que reflejaban una sociedad dividida y enfrentada, podría pensar que el país es otro, apenas cinco meses después.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es mera fortuna, es resultado de las acciones de Calderón o se trata de una tregua engañosa? A mi juicio es una mezcla de los tres temas anteriores y algunos más. Para empezar, la tregua se explica en parte por una especie de hartazgo de la mayor parte de la sociedad mexicana no politizada. Las campañas electorales habían sobrecalentado el ambiente porque apelaban esencialmente a las emociones y a las animadversiones. Pero una vez desaparecido el clima de competencia y belicosidad, los intereses de muchos coinciden en la búsqueda de la estabilidad. La efervescencia social fue significativa, pero se quedó muy lejos de la posibilidad de desbordar el vaso (un alzamiento popular, un quiebre institucional, una insurrección generalizada). Con las protestas pasa lo que con el Alka-Seltzer: con el paso del tiempo simplemente disminuye la efervescencia. A menos claro, que se incorporen nuevos ingredientes activadores de la burbuja de inconformidad.
Justamente, López Obrador y su equipo tienen parte de la responsabilidad de la desmovilización. Las acusaciones sobre fraude y corrupción en las casillas, el bloqueo de la avenida Reforma o su nombramiento como Presidente legítimo y su gabinete de sombra, desalentaron a muchos que habían sufragado por su causa. Una cosa era apoyar un candidato que estaba a favor de los pobres y otra cosa distinta responder a un llamado que parecía apelar al todo o nada, después del dos de julio. Particularmente porque no había caminos viables para obtener ?el todo?. Los llamados de Jesusa Rodríguez para encadenarse a la puerta de una sucursal bancaria o del vocero Fernández Noroña para reventar todo acto público, no parecían una vía clara para obligar al sistema a deponer a Calderón y darle el triunfo a AMLO. Eran acciones que servían quizá como desahogo de la rabia y la indignación de unos cuantos, pero muy ineficaces para canalizar políticamente a 15 millones de personas que habían votado por el tabasqueño.
Por su parte, el Gobierno actuó con suficiente prudencia o precaución en momentos en que la efervescencia pudo desbordarse. No intervino en contra del bloqueo de Reforma, renunció al Grito en Palacio el 15 de septiembre o al desfile el 20 de noviembre. Un choque abierto y represivo entre la masa indignada y los cuerpos policiacos en la coyuntura post electoral podría haber cambiado la historia. Pese a la torpeza que había caracterizado al Gobierno de Fox en materia política, sus operadores supieron calcular muy bien el momento para intervenir en Oaxaca de tal forma que el sofocamiento no se convirtiera en una chispa que provocara mayores protestas. Sigo creyendo que mientras no se investigue al gobernador Ulises Ruiz, esta aplicación parcial e injusta del ?Estado de Derecho? tendrá resultados contraproducentes al largo plazo. Pero por lo pronto es un hecho que el Gobierno consiguió sus propósitos inmediatos de estabilidad y desmovilización.
El resto de la explicación tiene que ver con la crisis de los partidos mismos. Tanto el PRD como el PRI han enfrentado luchas internas y reacomodos muy poco propicios para estar en condiciones de encabezar una oposición articulada. Las distintas fracciones y los gobernadores de cada partido han buscado negociaciones unilaterales pensando más en el provecho propio e inmediato, que en una estrategia de negociación de largo aliento para imponer límites o agendas al nuevo Gobierno.
Más allá de la opinión que cada cual tenga sobre Calderón, creo que tendremos un país mejor si el Gobierno cuenta con una oposición coherente, capaz de representar los intereses de muchos sectores que están ausentes de la plataforma panista. Hay un riesgo visible de que Calderón termine siendo rehén de los grupos de poder que se sienten responsables de haberlo llevado a Los Pinos. El mayor peligro para México es que el Gobierno desatienda los problemas de desigualdad y pobreza que mantienen a muchos mexicanos en situación desesperada. Podría ser una desatención con resultados incendiarios.
Me parece que una oposición efectiva y democrática, le ayudaría a Calderón a obtener de los grupos de poder económico las concesiones que se requieren para introducir cambios en el modelo de cara a una sociedad más justa. O dicho de otra manera, los sectores poderosos no renunciarán a ninguna porción de sus privilegios, a menos que exista una presión social que los exija políticamente. Tal exigencia sólo puede venir por dos vías: una permanente e institucional a través de la oposición democrática o una irrupción descontrolada por la vía de la inestabilidad y la insurrección.
Por lo pronto, en sus primeros tres meses Calderón ha carecido de una oposición activa. El PRI y el PRD hasta ahora han sido obstáculos en el Congreso, pero no constituyen una presión actuante que modifique la agenda de Gobierno o las políticas públicas. En lo inmediato esto representa una ventaja para Calderón. Pero a la larga, la ausencia de una oposición que represente los intereses de las mayorías inconformes podría tener consecuencias deplorables para todos. Explorar las posibilidades de que AMLO u otro actor social pueda construir una oposición útil y necesaria será materia de otra colaboración.
(www.jorgezepeda.net)
