Los casi 10 mil trabajadores que denunciaron a Napoleón Gómez Urrutia por el desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero, dijeron que el amparo que logró contra las órdenes de aprehensión no lo libera de las acusaciones de malversación de fondos.
Agustín Acosta Azcón, representante jurídico legal de los mineros defraudados, indicó que el recurso obtenido por el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Mealúrgicos y Similares de la República Mexicana, "es un amparo para efectos y no cancela de plano la acusación".
Detalló que la orden del juez 8 de Distrito de Amparo en Materia Penal fue que los jueces que dispusieron la aprehensión contra Gómez Urrutia en Sonora, San Luis Potosí y el Distrito Federal, revisen su decisión a la luz de las consideraciones hechas por el juzgador que concedió el amparo.
Acosta Azcón precisó que ello significa que los jueces que llevan la causa penal contra el dirigente minero conservan el poder y la facultad de volver a emitir nuevas órdenes de aprehensión.
De tal forma, insistió en que la protección de amparo que logró Gómez Urrutia no cancela la acusación por el fraude de 55 millones de dólares que cometió en perjuicio de los casi 10 mil trabajadores con derecho a esa suma que forma parte del Fideicomiso Minero.
Hizo hincapié en que no debe confundirse la información con ese amparo, "ya que nadie ha exonerado a Gómez Urrutia, porque se trata, en todo caso, de una decisión en primera instancia y por lo tanto no es inmediata la protección, porque la resolución quedará sujeta a la revisión que en su caso se interponga".
