La periodista Lydia Cacho desconcertada por la decisión de la SCJN sobre Mario Marín. (EL UNIVERSAL)
Las SCJN pospone revisión de presuntos abusos contra Lydia Cacho.
El gobernador de Puebla, Mario Marín, logró que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazara, de manera indefinida, la revisión del informe que elaboró una comisión investigadora, encabezada por el ministro Juan Silva Meza, en el que se comprobó que el mandatario poblano, en complicidad con diversos funcionarios, incurrió en violaciones graves a las garantías de la periodista Lydia Cacho.
La decisión, adoptada por ocho votos contra tres, propició que el ministro Silva Meza diera por terminada su intervención en el caso, después de alertar que la Corte corría el riesgo de generar condiciones "ad hoc" para desestimar las investigaciones que realizó y beneficiar a Mario Marín.
Previo al aplazamiento del caso, Silva Meza expuso ante sus compañeros los argumentos y pruebas por los que llegó a la conclusión de que la SCJN debe recomendarle al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra del mandatario poblano.
De manera detallada, el ministro documentó la participación de diversos funcionarios, encabezados por Mario Marín, en una confabulación para detener de manera irregular a la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005.
Silva Meza demostró que la operación que orquestó el gobernador se realizó a petición del empresario textilero Kamel Nacif Borge, a quien la periodista señaló en su libro Los Demonios del Edén como protector del pederasta Jean Succar Kuri.
De acuerdo con las pruebas que recabó la comisión investigadora, Mario Marín contó con la colaboración de la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Guillermo Pacheco, así como otros magistrados del mismo tribunal y de la jueza local Rosa Celia Pérez González. Esto sin contar a diversos funcionarios del gobierno de Quintana Roo.
En su informe Silva Meza llamó la atención sobre la gravedad de que las autoridades del Poder Judicial de Puebla, quienes tienen a su cargo la impartición de justicia en la entidad, actúen bajo consigna y a las órdenes del gobernador Mario Marín.
Silva Meza también informó que durante las investigaciones que realizaron también lograron comprobar que en el país existe una violación sistemática de los derechos fundamentales de los menores de edad, quienes frecuentemente son víctimas abuso sexual.
"Es alarmante", dijo, la grave violación de los derechos fundamentales de los niños que se está presentado en el país.
Pero cuando parecía que la discusión se encaminaba a decidir si la mayoría de ministros respaldaba o no las conclusiones de la investigación, el caso dio un giro inesperado.
A propuesta del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, la mayoría de ministros hizo suyos los argumentos que les hicieron llegar los abogados del gobernador de Puebla, Alonso Aguilar y Fabián Aguinaco, a fin de darle una oportunidad al mandatario poblano para que responda a los señalamientos en su contra y presente pruebas en su defensa.
Aunque, de acuerdo con la resolución de la mayoría, antes de recabar la postura del mandatario poblano la SCJN deberá establecer las reglas conforme a las cuáles se tienen que llevar a cabo dichas audiencias.
Y esto último motivo que el ministro Juan Silva Meza expresara su inconformidad con esta decisión porque advirtió del riesgo que existe de que las nuevas reglas que emita la Corte sean hechas "ad hoc para calificar lo ya hecho".
