Aporta petróleo tercera parte de los ingresos

Lo recomendable para el país es concretar una reforma fiscal que incluya impuestos al consumo.

MÉXICO, DF.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Angel Gurría, difirió de las afirmaciones del ex presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Alan Greenspan, sobre el riesgo de una crisis fiscal en México si no se permite la inversión extranjera en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo recomendable para el país es concretar una reforma fiscal que incluya impuestos al consumo, pero que reduzca las tasas impositivas en el ahorro, la inversión y el trabajo. La canasta básica deberá estar exenta de gravámenes.

Consideró que el planteamiento “está mal fundamentado”, ya que el problema radica en la ausencia de una reforma fiscal que haga menos vulnerable a México y que le permita dejar de depender de los ingresos petroleros.

“Difiero de Alan Greenspan, respeto su calibre intelectual, lo conozco muy bien, pero el problema es que no es un asunto que dependa de si abrimos o no a Pemex a la inversión extranjera; el problema es que, como no se ha hecho la reforma fiscal, 40 por ciento de los ingresos públicos, y dos terceras partes de los ingresos brutos de Pemex van a dar al fisco”, precisó.

Dijo que, en su opinión, la postura del ex presidente de la Fed está mal enfocada porque no depende de que Pemex tenga o no propiedad privada o extranjera, sino que el Estado mexicano reduzca su vulnerabilidad fiscal y no dependa de la venta del petróleo; a la vez, que la paraestatal tenga posibilidades de reinvertir y entregar números positivos, sin necesidad de endeudarse.

Acotó que esa situación no cambiará si se modifica la Constitución o los estatutos internos de Pemex, el cambio tiene que ser en otro sentido.

Gurría, quien participó en la reunión del Comité Asesor Empresarial e Industrial (BIAC, por sus siglas en inglés) de la OCDE, se manifestó en favor de cambios fiscales que incluyan una canasta básica exenta del Impuesto al Valor Agregado, pero el debate, dijo, es el tamaño de la misma.

Aclaró que México no necesita que la OCDE venga a decirles cómo hacer la reforma fiscal, lo que ayuda es que vengamos a platicar lo que están haciendo los demás países.

“Nosotros no descubrimos el hilo negro, son los países los que deciden; lo que hacemos es decir cuáles son las mejores prácticas en el mundo y entonces se pasa al ámbito de la sociedad mexicana, del gobierno, del Congreso, sector privado y medios”, aseveró.

Los empresarios hablan

Por otra parte, Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que los actores políticos no se pueden dar el lujo de pasar por alto la discusión de una reforma fiscal y posponer el futuro del país.

Coincidió con Gurría en que se debe gravar al consumo y agilizar la carga tributaria en el ahorro, la inversión y el trabajo, se amplíe la base tributaria, se simplifique la forma de pagar impuestos y se eliminen los regímenes especiales onerosos.

A su vez, Charles Heeter, presidente del BIAC, sugirió a las autoridades mexicanas analizar y poner en operación un sistema de impuestos que sea verdaderamente justo, equitativo y de operación simplificada, pero sobre todo que no penalice el empleo, las importaciones, ni mucho menos la inversión, tanto nacional como extranjera.

Por la tarde, el secretario general de la OCDE sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens y, más tarde con el presidente Felipe Calderón, con los que abordó diversas temas económicos, aunque precisó que uno de los asuntos prioritarios de su visita a México se vinculan de manera explicita a la reforma fiscal que, según dijo, se pretende presentar durante los próximos días.

También, como parte de su visita de trabajo, José Ángel Gurría, suscribirá hoy con el secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza-Aldape una carta de intención mediante la cual México se someterá periódicamente a unproceso de evaluación en materia de competitividad.

El objetivo de este proceso, que será llevado a cabo por la OCDE, es el de homogenizar las mejores prácticas económicas del país a las existentes en las naciones más avanzadas del organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico.