Publicada y en vigor la reforma constitucional en materia de elecciones, los legisladores aprietan el paso para modificar la legislación secundaria en el breve término de treinta días que se impusieron. Al mismo tiempo, y regido también por el apremio, echaron a andar el proceso de elección del presidente y dos integrantes más del consejo general del Instituto federal electoral. Igualmente determinarán quiénes serán los tres miembros del consejo sustituibles en agosto del año próximo. En este punto, debe decirse que el error de establecer el reemplazo escalonado de los consejeros elegidos en octubre de 2003 abultará sus consecuencias negativas si no se fija un criterio idóneo para seleccionar a quienes se irán ahora.
Se abrió anteayer, en la Cámara de Diputados, el plazo para la inscripción de aspirantes, que concluirá el 30 de noviembre. Del 1 al 2 de diciembre se verificará el cumplimiento de los requisitos por quienes pretendan ser consejeros. El día tres la comisión de Gobernación de San Lázaro emitirá la lista de quienes los hayan satisfecho, a quienes se citará para ser entrevistados entre el 4 y el 7 de diciembre. La publicación de la lista servirá también para que se expresen objeciones a los allí incluidos. El día 10 la comisión examinadora rendirá a la Junta de Coordinación Política un informe sobre sus valoraciones y ese órgano de la cámara propondrá los nombres a elegir, lo que hará el pleno a más tardar el 13 de diciembre. Debe recordarse que el periodo de sesiones ordinarias del Congreso probablemente concluya ese día, pues su fecha límite, el 15, será domingo.
Las propuestas a participar en este proceso pueden partir de organizaciones ciudadanas o de los propios interesados. Esta posibilidad abre el riesgo de una desproporcionada cantidad de autopostulaciones, no surgidas todas de propósitos honestos sino el de conseguir una plaza excelentemente bien remunerada. Pero al mismo tiempo impide que la selección se realice de entre un universo cerrado. En las últimas dos décadas se ha expandido el universo de los estudiosos y practicantes de los procesos electorales, a través de órganos administrativos y judiciales especializados, o a través del activismo civil o la vida académica.
Impedirá la inscripción irresponsable la fijación de requisitos como el de poseer título profesional (o experiencia equivalente) y conocimientos en la materia político electoral. El cumplimiento de esta última condición se comprobará mediante la presentación de un ensayo de hasta diez cuartillas sobre la aplicación de la reforma constitucional recientemente aprobada, y después a través de entrevistas con miembros de la comisión de Gobernación, que ocurrirían en sesiones públicas transmitidas por el Canal del Congreso. Tal abordamiento abierto impedirá sorpresas que los grupos parlamentarios buscaran asestar a los ciudadanos y aun a los propios miembros de la Cámara, como ocurrió con el consejo cuya sustitución está por comenzar.
En efecto, la noche del 31 de octubre de 2003 la mayor parte de los legisladores ignoraron qué votaron al aprobar la propuesta fraguada por Elba Ester Gordillo y Germán Martínez, protagonistas entonces del convenenciero convenio entre el PRI y el PAN que a la fecha prospera tras haber alcanzado su punto culminante en la elección presidencial. No se preparó el dictamen que exige el procedimiento parlamentario y no se explicó, en consecuencia, por qué los consejeros elegidos habían llegado a ese punto.
Aun antes de que se iniciara anteayer el proceso de selección de los nuevos consejeros, y con mayor razón en los dos días corridos desde entonces se mencionan nombres de personas que podrían ser designados. Algunos de ellos han declinado ser considerados para tal caso, otros no se descartan de participar en el proceso. Uno en particular ha sido objetado con base en un aparente impedimento, expuesto en la propia convocatoria, o por el ejercicio de un faccionalismo inadmisible por su trayectoria que, al contrario, debería servir de fundamento para considerarlo apto para la función de que se trata.
Jorge Alcocer ha vivido en veinte años una carrera que lo hace probablemente el teórico práctico electoral más completo de cuantos haya en el escenario público. Fue militante del partido Comunista y los partidos que de él derivaron, incluido el PRD. En ese tiempo, fue brillante asesor de los iniciales grupos parlamentarios de la izquierda y diputado él mismo. Representó al PMS en la Comisión Federal Electoral de 1988. Dos años después dejó de pertenecer al PRD en cuya fundación había participado. Como persona privada impulsó a partir de entonces varias iniciativas de carácter público, entre las que sobresalen la revista Voz y voto, cuyo nombre indica su especialidad, y a la que ninguna ha intentando equipararse siquiera; así como una consultoría en materia política. En 1994 fue asesor electoral del secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y en 1998 subsecretario de Gobernación. Cercano al candidato del PRI, Francisco Labastida, seis años después fue enlace legislativo entre el equipo de Calderón y el Congreso. En 2003 fundó y presidió el partido Fuerza Ciudadana.
Parecería, por esta última circunstancia, impedido para ser consejero, pues no ha transcurrido el lustro que debe separar su condición de dirigente de la de consejero. Pero su partido no existe ya, y la justicia electoral, en circunstancia diferente pero aplicable, ha determinado que el impedimento no rige.
