Cualquier ciudadano sin necesidad de justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.
Por unanimidad, el Senado aprobó reformar el Artículo 6 constitucional para garantizar el derecho al acceso de toda persona, de manera gratuita, a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de los mismos.
La reforma, aprobada con 108 votos a favor, busca propiciar que estados y municipios modifiquen sus leyes para evitar las asimetrías, el obstruccionismo y la simulación en el ejercicio de derecho a la información.
De acuerdo al dictamen aprobado "toda información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo tanto federal, estatal o municipal es pública y sólo se reservará de manera temporal por razones de interés público".
En tanto, la información que se refiere a la vida privada y datos personales estará protegida, a menos que se relacione con alguna cuestión pública. "Toda persona, sin necesidad de justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos", se expone en el dictamen.
A su vez, quienes estén obligados a proporcionar dicha información "deberán preservar sus documentos en archivos actualizados y se publicarán a través de los medios electrónicos disponibles".
Por su parte, los Congresos federal, locales y la ALDF expedirán las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia a más tardar en un año después de su entrada en vigor, con un plazo de dos años para contar con la tecnología y los medios necesarios para su difusión.
Estas modificaciones obedecen a que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es creciente en el gobierno federal y muestra de ello es que en 2003 se recibieron 24 mil 97 solicitudes, mientras que en 2006 la cifra ascendió a 60 mil 213.
Con la reforma se eliminan las asimetrías entre la identificación del usuario solicitante, los plazos para responder a las solicitudes, el número de obligaciones de transparencia en cada estado, criterios para clasificar y reservar la información, así como sanciones por incumplimiento. En el debate, donde participaron ocho senadores, estuvieron presentes el titular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio, y la consejera Jacqueline Peschard.
