La Cámara de Diputados acordó ayer no elevar su techo financiero para 2008, a pesar de que estimaba 14 por ciento de incremento y enviará a la Secretaría de Hacienda un anteproyecto con el monto aprobado este año. En la imagen Alfonso Suárez, Héctor Larios y Javier González en la sesión de ayer. (El Universal)
Por primera vez no habrá aumento en la dieta de los diputados.
Ante la inconformidad de la mayoría de los diputados federales, el presupuesto para 2008 de la Cámara Baja no tendrá ni un peso de incremento, lo que significa que por primera vez no habrá aumento en la dieta de los legisladores.
Ayer se confirmó en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro el proyecto de Presupuesto interno por un total de 5 mil 249 millones de pesos, que significan casi 600 más, que los 4 mil 654 millones de pesos avalados para este año.
En las reuniones plenarias a puerta cerrada que realiza cada bancada antes de la sesión ordinaria de trabajo en San Lázaro, se conoció la molestia de los diputados al aumento de 14 por ciento en toda la estructura interna.
Fuentes consultadas de los tres partidos confirmaron que se le exigió a los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, Héctor Larios; del Partido de la Revolución Democrática, Javier González Garza y del Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa, evitar el “derroche” y el “mal manejo de recursos públicos”.
En lo que va de esta año, los tres líderes parlamentarios han avalado dos aumentos a sus salarios, uno por 18 mil pesos vía Atención Ciudadana, y otro de 3.5% en todas las prestaciones, incluidos vales de despensa, dieta, aguinaldo, vacaciones y demás.
Esos incrementos no han pasado por el voto del pleno, por el contrario se han implementado mediante acuerdos firmados que califican como “confidenciales”.
En las razones del aumento por casi 600 millones de pesos se incluyó la obligación legal de incorporar a todos los trabajadores de la Cámara de Diputados -incluidos los de honorarios- al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que costaría más de 200 millones de pesos.
Con el rechazo definitivo al aumento, los más de 200 millones por seguridad social deberán cubrirse con recortes internos.
El proyecto de presupuesto incluía un aumento de 114 millones de pesos para la compra de boletos de avión, viáticos y transportación terrestre, ya sea para el traslado común de los legisladores o para el cumplimiento de comisiones nacionales e internacionales.
Se buscaba también un aumento de 28% a las subvenciones de las bancadas, que son recursos discrecionales que se le entregan a los coordinadores para cubrir gastos como la contratación de asesores, la organización de reuniones plenarias fuera de la Cámara, comidas y eventos especiales, entre otras.
Sólo este año, los ocho coordinadores habrán manejado más de 500 millones de pesos, que sólo requieren comprobar con un reporte firmado. Ayer los coordinadores de los ocho partidos, PAN, PRD, PRI, PVEM, Convergencia, PT, Nueva Alianza y Alternativa, acordaron no incrementar ni un peso el presupuesto de la Cámara Baja, a fin de enviar un mensaje de austeridad y responsabilidad al país.
Por ello, el Comité de Administración que preside el panista Martín López detuvo la presentación del proyecto para dejarlo tal cual se avaló en 2007.
‘Suavizan’ los diputados castigo para contadores
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados emitió el primero de los siete dictámenes que contiene la reforma hacendaria, donde destaca que rechaza convertir a los contadores o asesores fiscales en responsables solidarios en los casos donde el contribuyente cometa evasión o elusión fiscal.
Con ello, estos prestadores de servicios se “salvan” de tener que ayudar a pagar la multa que la autoridad fiscal le imponga a sus clientes, como lo propone la iniciativa de reforma fiscal enviada por el Ejecutivo.
En el documento, explica que a cambio, la Comisión propone que en el caso de que quienes asesoren a los contribuyentes promuevan la elusión o evasión fiscal, reciban una multa de un 10 a un 20 por ciento del monto de la contribución que no se pagó al fisco.
Lo anterior, señala el dictamen, sin que la suma exceda del doble de los honorarios cobrados por la asesoría otorgada.
El dictamen también rechaza adicionar un inciso que señale que los liquidadores o síndicos son responsables solidarios cuando no se presente la información requerida por la autoridad fiscal para la comprobación de actos irregulares, pues ya lo sanciona.
Por otro lado, acepta incluir en el Código Fiscal una modificación que aclare que el delito de “lavado” de dinero se debe perseguir de forma conjunta a la defraudación fiscal.
También avala sancionar con una multa de 35 mil a 55 mil pesos a quien asesore o aconseje a los contribuyentes a omitir el pago de una contribución, colaborar a la alteración, inscripción de cuentas o falsificación de datos en la contabilidad.
