La Ley obligará a legisladores, partidos y al Ejecutivo a negociar para que en un año se logre la reforma.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, DF.- El Senado aprobó ayer la Ley para la Reforma del Estado, que obligará a los legisladores, dirigentes de los partidos y a un representante del Ejecutivo, negociar y acordar en el lapso de un año las iniciativas que deberán transformar las instituciones del país.
La Ley fue aprobada por unanimidad, y ayer fue enviada a la Cámara de Diputados para que se discuta y apruebe.
La nueva legislación, no prevé sanciones a los legisladores si después de un año no logran reformar al Estado mexicano.
No obstante, la sanción será de carácter político, según expresaron en tribuna los coordinadores parlamentarios.
La Ley prevé que las fuerzas políticas negocien reformas en seis áreas: Régimen de Estado y Gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del Poder Judicial; reforma hacendaria y garantías sociales.
Además, establece que los trabajos se realicen en seis etapas: consulta pública; negociación y construcción de acuerdos; redacción de los proyectos; aprobación, firma y presentación de iniciativas y proceso legislativo (dictaminarlas y votarlas en las Cámaras).
Los trabajos serán conducidos por una Comisión Ejecutiva de Negociación y Contrucción de Acuerdos, la cual se auxiliará de una subcomisión redactora y una subcomisión de consulta pública. Esa Comisión será integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de las cámaras de Diputados y de Senadores; por los presidentes de los partidos políticos nacionales y un representante del Poder Ejecutivo Nacional.
La presidencia de la comisión será rotatoria. Cada cuatro meses la presidirá un legislador distinto. Los primeros cuatro meses será presidida por el presidente del Senado, luego por el presidente de la Comisión para la Reforma del Estado del Senado, y el último periodo será encaezada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Al presentar el dictamen ante el pleno, el senador Godoy, presidente de la Comisión para la Reforma del Estado del Senado, sostuvo que este tema es una necesidad política ante los tiempos que vive el país.
?Hace falta concluir la transición y esto sin duda es un paso definitivo para tener una democracia estable, para que no tengamos momentos de crisis como el vivido el 2 de julio, y sería una segunda generación de reformas fundamentales para el Estado mexicano si concluye con éxito el camino trazado?, afirmó.
El presidente del Senado y coordinador de los priistas, Manlio Fabio Beltrones, subrayó que lo más importante de esta Ley es que ?deja atrás el voluntarismo de muchos políticos o protagonistas de la vida nacional y nos hace entrar de lleno a la voluntad real de llevar a cabo la transformación del país?.
El coordinador de los senadores del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Santiago Creel, advirtió que el sistema político llegó a su límite hace tiempo, porque se ha convertido en muchos casos en barrera infranqueable para que el país enfrente sus necesidades sociales con eficacia.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, advirtió que las reformas serán posible sólo en los siguientes doce meses, pues en 2008 el PAN y su partido renovarán sus dirigencias nacionales, además de que cada partido preparará su estrategia para las elecciones federales de 2009.
Pide CNDH se deroguen delitos de calumnia y difamación
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado que se deroguen los delitos de difamación y calumnia para evitar que se acuse penalmente a los periodistas o comunicadores.
Las sanciones penales generarían miedo e inhibirían la crítica a los servidores públicos, ante el riesgo que correrían los informadores de perder la libertad, advirtió la comisión.
En una carta dirigida al senador Manlio Fabio Beltrones (PRI), presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, sostuvo que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles.
Por ello, su exhorto al Senado para que ratifique la minuta aprobada por lo diputados en el sentido de quitar del código penal los delitos de calumnia y difamación.
Está de acuerdo en que las sanciones sólo sean administrativas y especificadas en el código civil.
Según el texto del ombusdman, ?las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información?.
Además, retomó el criterio del Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, que establece que las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico de la opinión pública.
